IRPH: los hipotecados esperan que la justicia se aclare un año después de la sentencia

Este 3 de marzo se cumple un año desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio a conocer la sentencia “definitiva” sobre las hipotecas ligadas al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH).  

El problema es que no fue definitiva, porque doce meses después más de un millón de hipotecados con este índice siguen igual, esperando que la justicia se aclare y que la banca les devuelva el dinero que han pagado de más durante años. Caixabank y Banco Santander son los más expuestos, superando el 20% de este tipo de préstamos en cartera

En Europa señalaron que la decisión final sobre si esta cláusula es abusiva o no tenían que decidirla los jueces españoles. Para ello establecieron ciertos requisitos, pero la interpretación de los distintos juzgados y Audiencias Provinciales ha ido por caminos diferente.   

Precisamente por esto, Francisco González de Audicana, el magistrado del juzgado de instrucción número 38 de Barcelona -el mismo que planteó a Luxemburgo la cuestión prejudicial sobre el IRPH- decidió repreguntar el año pasado.  

El mismo entiende que la información ofrecida por el TSJE para que los jueces españoles decidan no es suficiente. La sentencia señala que el consumidor tenía que estar en condiciones de comprender el modo en el que se calcula este tipo de interés y valorar las consecuencias económicas, pero el magistrado pregunta cómo puede saber un juez, si el que firmó la hipoteca entendía que suponía la cláusula del IRPH. 

La situación se fue complicando a lo largo del año, pues el Tribunal Supremo también se pronunció a finales de 2020 en varias sentencias y la situación se volvió aún más difícil. En concreto, por su ambigüedad.  

El Tribunal Supremo se contradice en las sentencias de 2020 con respecto a las de 2017 sobre el IRPH

El Supremo aseguraba que la falta de información sobre el IRPH implicaba falta de transparencia, pero que eso no significa que la cláusula se daba eliminar, porque no es de mala fe y por tanto no es abusiva. 

Unas declaraciones que contradecían lo que habían expresado en 2017, cuando insistieron en el deber de las entidades financieras de informar de manera “clara, inteligible y comprensible” sobre la definición legal del índice financiero elegido por las partes.  

Así que los jueces que no estaban de acuerdo y creyeron que la cláusula IRPH es abusiva empezaron a dar la razón a los hipotecados, que según los expertos han pagado de media 165 euros más al mes desde 2004 con respecto a los que estaban referenciados al euríbor, lo que supone un total de casi 25.000 euros de sobrepago.   

Los hipotecados esperan que la justicia se aclare

La mayoría de magistrados coincide en que la sentencia del TJUE no terminó de despejar las dudas, sobre todo porque después de que se hiciera pública se han dictado sentencias contradictorias que anulan el índice en primera instancia para después acabar considerándola válida a escala provincial, explica la presidenta de Asufin, Patricia Suárez a Economía Digital.  

Por eso los jueces españoles han vuelto a solicitar a Luxemburgo que aclare su fallo y al magistrado González de Audicana se ha sumado ahora la magistrada Carmen Robles Zamora del Juzgado de Primera Instancia 2 de Ibiza. 

El pasado 5 de enero presentó una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el IRPH cuestionando la interpretación del Tribunal Supremo de la sentencia del pasado 3 de marzo de 2020. 

Según la magistrada la interpretación que hace el Supremo es “en exclusivo beneficio de las entidades financieras” predisponentes.  Y entre tanto, Asufin ha solicitado la paralización de todos los procedimientos de IRPH hasta que el TJUE dicte nueva sentencia. 

Sin embargo, la respuesta del Alto Tribunal ha sido “una inadmisión masiva de casi 200 asuntos presentados por consumidores y la admisión a trámite de los asuntos que han presentado las entidades financieras”, comenta la presidenta.  

Así que han seguido los pasos de lo que hizo el despacho de abogados Arriaga el pasado mes de noviembre y han denunciado al Supremo ante la Comisión Europea, pues en opinión de esta Asociación de Usuarios Financieros que representa a más de 200.000 familias afectadas por las hipotecas IRPH, en los últimos diez años no han parado de dictar sentencia en contra de lo que establece Europa.  

La Asociación solicita a la Unión Europea que realicen “las oportunas averiguaciones y abran el procedimiento de infracción correspondiente” a fin de garantizar que en nuestro país se aplique de forma correcta el Derecho de la Unión y en concreto, el principio de transparencia en la contratación con los consumidores. 

El Supremo no se ha quedado de brazos cruzados y desmintió en una entrevista con en El Español la supuesta inseguridad jurídica creada, defendiendo que en sus sentencias se aplica la jurisprudencia del TJUE, que actúan en Derecho y cuando hay cuestiones prejudiciales siempre paralizan los procedimientos. 

“Por la boca muere el pez” destaca Patricia Suárez, “nos agarramos a eso y pedimos que deje de admitir e inadmitir sentencias, simplemente que las paralice a la espera de que responda Europa”. 

Y creen que esto es lo que están haciendo ahora, sobre todo desde que les advirtieron que el Estado puede verse obligado a responder patrimonialmente ante el gran número de denuncias por parte de los afectados con hipotecas IRPH como consecuencia de la decisión del Tribunal Supremo de no admitir a trámite los asuntos relacionados con ese índice.  

A pesar de esto, la Asociación de Usuarios Financieros advierte que tardaran un año o año y medio en tener respuesta del TJUE. Y confían es que esta vez sea más clara y especifiquen si hay abusvidad y cuando hay falta de transparencia..   

Los afectados quieren recuperar su dinero 

El sector estima que existen hasta 1,3 millones de afectados y que el IRPH representa aproximadamente el 10% de los créditos concedidos en España, ya que es el segundo más presente en las hipotecas españolas después del euríbor, utilizado en el 90% de los contratos. 

Los hipotecados quieren aclarar si la aplicación de este índice (el IRPH) es abusivo por parte de los bancos, ya que no se les ha informado con claridad de su metodología y posible evolución a los clientes.  

De hecho, en muchas de las primeras sentencias que tumbaron el IRPH se cuestionó el cálculo del índice, al referirse a “la posibilidad que tenían las cajas o entidades financieras de influir sobre dicho cálculo” y de si se informaba al cliente de todo esto. 

Cataluña, País Vasco y Andalucía son las más afectadas, con más del 60% de las sentencias

Este indicador hipotecario se utilizó de manera habitual durante la burbuja inmobiliaria en España y el problema surgió principalmente a partir de 2013, cuando el euríbor comienza a disminuir considerablemente y el IRPH no.  

De hecho, fue muy tarde cuando los afectados empezaron a percatarse de las elevadas cuotas que pagaban frente a los hipotecados con euríbor. Por Comunidades Autónomas, Cataluña, País Vasco y Andalucía son las más afectadas, con más del 60% de las sentencias.