La intrahistoria del proyecto de la “caja independentista”
Jaume Terribas, el padre de la periodista Mònica Terribas, ha asesorado el proyecto de “Caixa Catalana” que todavía no ha visto la luz
Hace cinco años se puso en marcha un proyecto financiero que sus impulsores denominaron “Caixa Catalana” y que muchos conocen por “caixa independentista”. Sin embargo, las tensiones dentro del grupo promotor han desembocado recientemente en dos proyectos por separado. Esta es la historia del enfrentamiento interno.
En 2014 surgió la “Associació per la Nova Caixa Catalana” con el objetivo de crear una nueva entidad financiara. Nació después de la crisis de las cajas de ahorros tradicionales y con el empuje de la consulta independentista que se celebró aquel 9 de noviembre. Dos años después, en septiembre de 2016, desde esta asociación se constituyó la Cooperativa Catalana de Serveis Financers con la intención de que se convirtiese en una cooperativa de crédito. Su sueño es que actuase como una verdadera “caja popular”.
El padre del proyecto es Joan Olivé, pequeño empresario, activista vinculado a diversos movimientos sociales, que fue el primer presidente de la asociación y también de la cooperativa. Sin embargo, según relatan fuentes de estas entidades, Olivé chocó con algunos socios de peso, especialmente con Jaume Terribas y Jordi Ferrés.
El veterano Jordi Terribas es un experto en el sistema financiero porque durante cinco años ejerció como inspector del Banco de España. Figuró como suplente de la lista de Junts per Catalunya en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) en las últimas municipales. Es el padre de la periodista Mònica Terribas, conductora del programa matinal de Catalunya Ràdio, i de Christian Terribas, que hasta que se prejubiló el año pasado ejerció de director territorial del BBVA en Cataluña.
Por su parte, el abogado y economista Jordi Ferrés, exdirector general adjunto de Tusquets Editores, tiene un curioso pasado político. Fue concejal de seguridad ciudadana de Sant Cugat del Vallès (1999-2003) por CiU, consejero de Ferrocarriles de la Generalitat y, en mayo del pasado año, registró junto a Agustí Colomines el partido Movimient 1 d’Octubre.
En aquel momento, algunas informaciones apuntaron que Carles Puigdemont tenía en la recámara esta último partido por si llegaba a necesitarlo para sus aventuras políticas.
Presiones para controlar el consejo
En agosto del año pasado, Jaume Terribas se reunió con Olivé para pedirle que renunciara al cargo de presidente de la cooperativa (el instrumento financiero) en favor de Farrés, que en aquel momento era el vicepresidente. A cambio, Olivé ocuparía sería el número dos, pero este rechazó la oferta de plano.
Pocos días después, el 19 de agosto de 2018, Farrés convocó un consejo rector de la cooperativa en Prades (en catalán, Prada de Conflent), localidad francesa en la que en aquellas fechas albergaba la Universitat Catalana d’Estiu. Olivé, todavía presidente, rechazó que Farrés convocara un consejo rector extraordinario y más aún que solicitara que le entregasen el listado de socios y los estados contables. El enfrentamiento era abierto.
En un consejo rector de la cooperativa celebrado en octubre del año pasado, los fieles a Olivé acordaron abrir un expediente disciplinario a Farrés, todavía vicepresidente, según relatan fuentes internas. Aseguran que Olivé acudió al notario para dejar constancia de las maniobras de Terribas y Farré.
En la asamblea general de la cooperativa de mayo de este año se produjo la ruptura definitiva. Al frente de la cooperativa se nombró una gestora presidida por el farmacéutico Josep de Marfà que estuvo activa seis meses. En otra asamblea el pasado noviembre, se nombró un nuevo consejo rector que está encabezado por Josep Miquel March, profesor e investigador en ingeniería de la Universitat de Vic.
La asociación y la cooperativa han acabado enfrentadas y, en estos momentos, tiran adelante sus respectivos proyectos para operar como cooperativa de crédito. Para ello necesitan un capital social mínimo de cinco millones de euros para solicitar una licencia bancaria.
La cooperativa espera multiplicar sus 200 socios actuales por veinte hasta alcanzar los 4.000, con los que calcula que reunirá los cinco millones de euros. La aportación para convertirse en socio es de 100 euros por persona física y 200 euros en el caso de empresas.
Por su parte, la antigua asociación, ahora presidida por Marta Caralt, mantiene el proyecto de constituir una cooperativa de crédito. El plan consiste en una asociación de cooperativas europeas que dependería de otra de segundo grado radicada en Lituania, de cuyo banco central esperan obtener la licencia bancaria. No es la primera vez que proponen este tipo de soluciones para esquivar el Banco de España. Con anterioridad sondearon la posibilidad de operar con la francesa Crédit Coopératif.
