Incertidumbre en Celsa: la plantilla reclamará toda la información este viernes

Este lunes, los trabajadores de Celsa se despertaron con la preocupante noticia de que los fondos acreedores de la compañía habían presentado un plan de reestructuración que, a grandes rasgos, tomaría el control de la empresa de las manos de la familia Rubiralta. A partir de un recurso incluido dentro de la nueva Ley Concursal, que ha entrado en vigor este mismo lunes, su objetivo es reducir la deuda en 1.291 millones de euros a cambio de hacerse con el 100% de las acciones de la siderúrgica.

Aunque Celsa quiere mandar un mensaje de tranquilidad, este cambio de paradigma ha levantado la inquietud de sus trabajadores. Por ahora, la compañía no ha visto la documentación que los tenedores del 90% de su deuda han presentada a los juzgados para activar este proceso, de forma que tampoco ha podido dar explicaciones a sus empleados. “No nos han transmitido gran información”, aseguran fuentes sindicales.

Ante este vacío de conocimiento, el comité de empresa de la fábrica de Castellbisbal, su mayor acería y donde también tiene las oficinas centrales, aprovechará la reunión programada el viernes para abordar la renovación del convenio de empresa y reclamar más explicaciones sobre la situación actual de la compañía y como puede afectarles.

Con este plan de reestructuración, los más de 20 acreedores capitaneados por el Deutsche Bank y Goldman Sachs que compraron deuda del grupo catalán a la banca pretenden transformar 1.100 millones del crédito convertible y 165 millones del préstamo jumbo en acciones.

En este sentido, Celsa ha incumplido los pagos de deuda desde inicio de la pandemia, después que los parones de sus plantas por el covid le reportaran pérdidas por 364 millones de euros en 2020. Concretamente, ya acumula una deuda de 2.250 millones, de los cuales tiene que devolver a estos fondos más de 1.000 millones antes de que acabe octubre. Además, también tiene que abonar una línea de 525 millones de circulante firmada con la gran banca. Los acreedores han ofrecido dividirla en dos y extender el vencimiento en los próximos cinco años.

Ahora, es el turno de un juez mercantil de determinar si la solvencia y la capacidad de Celsa de pagar sus deudas están garantizadas, o, si como piden sus acreedores, parte de su pasivo se convertirá en acciones y pasarán a ser los propietarios de la mayor acerería del país.

Este plan de reestructuración se ha puesto sobre la mesa después de meses de negociación entre los acreedores y el grupo para reestructurar la deuda, un pacto necesario si la compañía quiere recibir el rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Para la siderúrgica, este movimiento es un mecanismo legal más que la nueva Ley Concursal ha puesto en manos de los fondos, pero no entorpece las negociaciones.

Según informó la empresa dirigida por Francesc Rubiralta en un comunicado, la diferencia entre ambas partes radica en el importe de la deuda adicional a la reestructurada y en su tipo de interés. Mientras Celsa ofrece reconocer una deuda adicional de 450 millones de euros con un interés del 8% anual en una sociedad de la Unión Europea, los acreedores aspiran a recibir 550 millones de euros con un interés del 10% anual en una en Luxemburgo.

Si esta negociación no se desatasca, la compañía perderá los 550 millones de euros del rescate de la SEPI, canalizados a través de un préstamo participativo de 280,5 millones y otro ordinario de 269,5 millones, con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).

Convenio estancado y trabajadores en ERTE

En paralelo, los sindicatos siguen adelante con su propia agenda, marcada por las negociaciones del nuevo convenio de empresas y el seguimiento de la aplicación de los ERTES acordados en las diferentes plantas. Al igual que otras compañías electrointensivas, las fábricas de Celsa de toda España tienen en vigencia expedientes con el fin de flexibilizar su jornada laboral en función de la fluctuación de la demanda y de los costes energéticos.

En su caso, los 850 trabajadores de la fábrica de Castellbisbal llevan en ERTE desde abril, y así seguirán hasta el 31 de marzo de 2023. Fuentes de la planta aseguran que durante la primavera apenas se tuvo que echar mano de este recurso, pero han visto como el expediente ha tenido más repercusión desde julio por una disminución de las ventas.

Así mismo, se ha aumentado la carga de trabajo en los fines de semana y los turnos de noche, cuando la electricidad es más barata, en detenimiento de los turnos de día. Aun así, no se prevé un parón de los hornos eléctricos de la planta.

Por su parte, las acererías del grupo en el País Vasco y Cantabria, también bajo ERTEs, sí que han parado la producción en las últimas semanas. Nervacero, la filial vasca, ha puesto en stand by su aceraría desde este lunes y hasta el viernes, dejando en casa a unos 350 empleados. Lo mismo pasó la semana pasada en la factoría de Global Steel Wire (GSW), la filial del grupo cuyo centro santanderino dejo de producir entre el 19 y el 25 de septiembre por falta de pedidos.

Por su parte, la empresa mantiene que este 2022 está siendo un buen año para la compañía a nivel económico. Celsa cerró el primer semestre con un ebitda de 486 millones de euros, más de la mitad de la cifra obtenida a finales de 2021, cuando el beneficio operativo llego a loes 600 millones.