La Generalitat inyecta 3,7 millones a su participada más polémica
El Govern ignora las denuncias de los sindicatos a Applus Idiada y sigue dando apoyo a la empresa, tanto accionarial como económico
Circuito de Applus Idiada en Santa Oliva (Tarragona). GoogleMaps
Idiada, empresa de certificación de vehículos controlada por Applus (80%) y participada por la Generalitat (20%), está en el ojo del huracán por las múltiples denuncias de su plantilla por accidentes y supuestas carencias en seguridad laboral. El último accidente tuvo lugar en febrero, cuando se estrelló un coche a más de 300 kilómetros por hora, por suerte, sin consecuencias para el piloto.
Accidentes como este, lo que consideran falta de prevención y un cambio en los horarios ha provocado que los sindicatos hayan vuelto a las movilizaciones en las últimas semanas. Con anterioridad, ya habían puesto 19 denuncias ante Inspección de Trabajo, otra en los juzgados de Tarragona y habían apelado a la Generalitat. El Govern ha preguntado a Idiada pero no va a tomar cartas en el asunto. Y no sólo eso. Además, va a inyectar 3,7 millones de euros en la compañía.
A principios de febrero, tras las quejas y denuncias del comité de empresa de Idiada, fuentes de la consejería de Empresa explicaron a Economía Digital que iban a pedir explicaciones en el consejo de administración de la empresa, que tiene su sede en Santa Oliva (Tarragona). Desde ese momento, se han celebrado al menos dos reuniones entre la dirección y los consejeros de la Generalitat, que han terminado de forma satisfactoria para ambas partes.
El Govern prorrogó la concesión del centro técnico Idiada a Applus tres años antes de que venciera
Desde la consejería de Empresa han asegurado que la versión dada por la compañía a la Generalitat fue satisfactoria. Como hiciera a las preguntas de este medio, Applus negó la alta accidentalidad y la falta de medidas de prevención de riesgos laborales, versión que convenció a los hombres de Jordi Baiget en el consejo.
El Govern no se plantea desinvertir de la empresa de certificación. “Es una empresa clave para el territorio”, aseguraron fuentes del mismo. Idiada es la principal empresa del Baix Penedès, comarca en la que se encuentra. Además, la Generalitat decidió en diciembre de 2016 prorrogar la concesión a Idiada hasta 2025, pese a que la misma no vencía hasta 2019.
Según las mismas fuentes, se decidió prorrogar la concesión tres años antes de su vencimiento porque la empresa planeaba unas inversiones a largo plazo que, si perdía la concesión en 2019, no estaba dispuesta a hacer. Ante esta posibilidad, el Govern decidió darle luz verde, teniendo en cuenta –otra vez– el carácter “clave” de Idiada para la zona.
Una inversión en Idiada difícil de explicar
Quizá por el mismo motivo, la administración catalana ayuda a la empresa con inyecciones de dinero público. En los presupuestos de la Generalitat para este 2017, aprobados esta misma semana, se recoge una partida de 3,7 millones de euros para Idiada. Prácticamente la misma cifra que se presupuestó en 2016.
El Govern no ha explicado si esta inversión tiene un objetivo concreto o es discrecional y si forma parte de algún acuerdo con Applus. Lo que está claro es que el ejecutivo catalán cuela esta partida como inversión en la economía del territorio, ya que se suma a la inversión de su comarca. Además, supone más del 70% de los 5,2 millones que se destinarán a dinamizar el Baix Penedès.
La inyección de la Generalitat en Idiada supone el 70% de lo que destina a la economía de la zona
Los sindicatos de Idiada han denunciado numerosas irregularidades en la prevención de riegos. Desde falta de medidas de seguridad en pruebas a alta velocidad hasta que no tienen una ambulancia en condiciones, pasando por falta de formación de los pilotos, masificación de coches en las pistas haciendo diferentes pruebas, etc. La empresa aseguró a Economía Digital que “cuenta y cumple con todos los protocolos de prevención de riesgos y, además, dispone de medidas adicionales más restrictivas que la propia norma”.
El último choque lo han tenido por la jornada de trabajo. El comité de empresa denunció que trabajan siete días consecutivos –después tienen tres días de descanso–. Como venganza a las protestas –según las fuentes sindicales–, la empresa amplió el máximo a nueve días seguidos de trabajo. Idiada aseguró que estos turnos sólo se hacen una vez al año para cuadrar calendarios.
