Iberpotash duplica los residuos industriales de Catalunya

Iberpotash genera en sus minas de potasa situadas en Súria y Sallent una cantidad de residuos que iguala el total de los residuos industriales que produce Catalunya. Iberpotash duplica la contaminación industrial. Este dato ha sido calculado por Montsalat, una plataforma medioambientalista de la comarca del Bages, que lleva desde 1997 denunciando los incumplimientos de la empresa extractora.

La mancha medioambiental de la potasa es la principal preocupación del conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Lluís Recoder. La administración ha dejado avanzar el proyecto minero que promete una enorme potencia industrial. Sin embargo, el impacto medioambiental que supone se le ha ido de las manos desde que el pasado enero el President, Artur Mas, pusiera la primera piedra del Proyecto Phoenix.

Fianza

La Generalitat de Catalunya dispone de una fianza de sólo dos millones de euros, que debería en teoría corresponder al coste de la restauración del impacto medioambiental generado. El objeto de esta fianza, definido por la normativa comunitaria y estatal de residuos mineros que es de obligado cumplimiento en todos los estados miembros, es que la administración cuente con recursos económicos fácilmente disponibles en caso de no restauración o de abandono de la actividad por parte de la empresa extractora.

El informe independiente elaborado por el Estudio Ramón Folch señala que la explotación minera del Bages exige, como mínimo, una fianza de cien millones de euros. Es decir, 50 veces más que la actualmente dispuesta, cantidad que la Generalitat debía haberle exigido a Iberpotash. Si la empresa decidiera interrumpir su actividad difícilmente se la podría obligar a cumplir sus obligaciones una vez abandonada la explotación, ya que se trata de una empresa no europea (ICL es una compañía israelí). Dado que la cuantía de la fianza no llega ni al 2,5% de los costes de reparación, la administración se vería forzada a hacer uso de dinero público, de nuevo, para reparar la situación provocada por Iberpotash.

Proyectos polémicos

La potasa del Bages ha abierto una brecha civil en la comarca, mientras el debate medioambientalista sube de tono a diario. Desde el anuncio del Proyecto Phoenix, Iberpotash ya ha comenzado los trabajos de perforación de la rampa de Suria a pesar de no haber sido aprobado su Plan Especial Urbanístico (PEU) y sólo se dirigió el pasado 18 de septiembre al Ayuntamiento de Súria para solicitar un permiso de obras de su nueva planta de sal vacuum, sin haber presentado siquiera el proyecto de actividad de la nueva instalación. Todo esto ocurre más de nueve meses después de que el President Mas colocara su primera piedra. A fecha de hoy, Iberpotash no dispone de ningún informe favorable por parte del departamento del conseller Recoder.

Iberpotash vivirá esta semana un nuevo capítulo judicial en este proceso. El representante legal de Sebastià Estradé, doctor en Derecho y científico, pedirá mañana al juez la ejecución de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que consideraba inexistente el plan de restauración del complejo minero e insuficiente la fianza de la actividad. Estradé interpuso esta demanda como ciudadano de Sallent, cuyo domicilio está situado delante de una montaña de sal de cuarenta millones de toneladas.

Nueva planta de sal

El Proyecto Phoenix contempla la construcción de una planta de sal, precisamente, como parte de su plan de restauración. Según Iberpotash, el residuo salino que genera la extracción de potasa y que se amontona en las montañas de sal de la comarca provocando un severo daño en el medioambiente, desaparecerá al ser convertido en sal vaccum, con el objetivo de destinarlo a su exportación. La realidad es que, aunque se construyeran varias plantas de sal, jamás se restaurarían los montones.

El Proyecto Phoenix supone producir más potasa y, por tanto, generar más residuo que se añadirá al que ya existe y aún no ha sido restaurado, tal y como determina el informe del Estudio Ramón Folch.

Iberpotash, por lo tanto, seguirá vulnerando los reglamentos. Y ello, con el beneplácito de la administración, quien no le obliga a destinar parte de sus millonarios beneficios al cuidado del medioambiente. La mancha medioambiental del Bages se acabará convirtiendo en uno de los principales problemas de la Generalitat.