Iberdrola vs. Naturgy: el impuesto energético aviva la guerra entre eléctricas y gasistas
Los intereses cruzados de las principales empresas energéticas se han puesto de manifiesto con la implantación del impuesto al sector
El impuesto sobre los ingresos que ha creado el Gobierno de Pedro Sánchez sobre las grandes empresas energéticas ha conseguido, a la vez, que las compañías estén de acuerdo en su rechazo, pero, al mismo tiempo, que se peleen entre ellas por el ámbito de actuación. Y es que Iberdrola y Endesa sostienen que el gas es el gran culpable y, por lo tanto, debería ser el principal y único afectado.
Tras presentar los resultados financieros semestrales, el Ejecutivo ha logrado una foto muy interesante para sus intereses: importantes ingresos con espectaculares beneficios. Dicha fotografía está algo trampeada, puesto que compañías como Iberdrola o Repsol operan en tantos mercados que España es solo uno más. Pero eso es lo de menos.
El impuesto ya está en marcha, aunque todavía falta su trámite parlamentario. No ha habido distinción por uso de la tecnología, negocios que realizan, ni nada que distinga unas empresas de otras. Los únicos requisitos: facturar más de 1.000 M€ en suelo nacional; y estar entre las energéticas de referencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en cualquier negocio de comercialización, ya sea electricidad, gas, petróleo o componentes de refino. Y aquí es donde se pierden las amistades.
Desde hace tiempo el ambiente entre las grandes empresas energéticas está caldeado. Cuestiones como la creación del Fondo de Sostenibilidad han azuzado la relación entre ellas. Y el impuesto ha sido la última puntilla. Además, uno de los directivos más contundentes, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, no ha tenido ningún pudor en hablar claro sobre la situación.
Galán ha defendido que las eléctricas «no tienen beneficios extraordinarios», tal y como acusa al sector el Gobierno, y ha señalado que las energéticas que están aprovechando la actual espiral alcista de precios energéticos para aumentar sus ganancias son «las gasistas y las petroleras».
«Hasta donde yo sé, las compañías energéticas que están aumentando sus beneficios en Europa son las gasistas y las petroleras, no las eléctricas integradas«, ha asegurado el presidente de Iberdrola. Así, el presidente de la energética desmarcó a las eléctricas del impuesto especial que el Gobierno quiere imponer a la banca y a las energéticas para recaudar unos 7.000 millones de euros en dos años.
Ruido de sables eléctricos
Las palabras del presidente de Iberdrola han sido secundadas durante estos días por el CEO de Endesa, José Bogas, aunque siempre con un tono menos de intensidad. Cuestión de caracteres.
El dirigente de la eléctrica azul insiste en que su empresa «no obtiene beneficios extraordinarios en esta coyuntura, cumpliendo con la legislación aprobada en los últimos meses«. Así, subrayó que «no sólo no hay beneficios extraordinarios», sino que las coberturas están reduciendo los resultados de todas las compañías eléctricas.
En concreto, apuntó que Endesa tiene vendida toda su producción propia de electricidad inframarginal (nuclear, hidroeléctrica y renovable no regulada) para 2022 y el 88% para 2023 a un precio de en torno a 65 €/MWh, por debajo de los 67 €/MWh establecidos de tope por el Gobierno a partir del cual se aplica la minoración.
Repsol y Naturgy piden por lo suyo
La postura de la gran petrolera española ha sido no entrar directamente al trapo, sino que ha decidido exponer sus motivos sin tumbar los argumentos del resto. Así, el dirigente de Repsol, Josu Jon Imaz, ha negado que la compañía reciba ‘beneficios caídos del cielo’ por su actividad en el actual contexto de precios alcistas de la energía y ha asegurado que hará «todo lo posible» para luchar contra cualquier iniciativa «arbitraria».
Imaz aseguró hace unos días que «no tiene ninguna duda» de que el marco constitucional y jurídico, tanto de la Unión Europea como de España, va a proteger a Repsol de cualquier «posible iniciativa arbitraria o de medidas arbitrarias». El ejecutivo de la petrolera se pronunció así al ser cuestionado por el nuevo impuesto con el que el Gobierno pretender gravar con un 4,8% los ingresos de la gran banca y con un 1,2% los de las energéticas para recaudar unos 7.000 millones de euros en dos años.
Asimismo, defendió que Repsol opera en un negocio «libre, abierto y no regulado», en el que las decisiones de inversión a largo plazo se toman «en base a suposiciones» que están sujetas «a una enorme volatilidad y riesgo».
En cuanto a Naturgy, de momento ha sido la menos combativa. Se pronunció a través de su patronal, Sedigas, y en sus cuentas ha reflejado ya, igual que Repsol, las provisiones ante los impactos regulatorios -en referencia al impuesto-. Pero la compañía que preside Francisco Reynés no quiere entrar en una guerra de la que puede salir perjudicado.
En estos primeros seis meses del año, con un uso del gas para la creación de electricidad en máximos históricos, ha dejado fortalecida la caja de la compañía. Y como Iberdrola y Endesa cargan contra el gas; quizá el perfil bajo de Naturgy tenga explicación.
