Iberdrola, Endesa y Naturgy eluden la vía legal contra el Gobierno por la ‘excepción ibérica’
Las eléctricas están bajo la lupa regulatoria y legislativa, una situación que puede acabar en los tribunales
Las principales energéticas españolas, Iberdrola, Endesa y Naturgy, no entrarán en estos momentos en disputa legal con el Gobierno en ninguno de los frentes abiertos en materia legislativa que existen desde el verano pasado. Y los que están por venir. De esta manera, darán margen al Ejecutivo de Pedro Sánchez a la espera de las próximas medidas que vayan tomando.
Se trata de una situación previsible ante las últimas medidas que ha tomado el Gobierno, y que arrancaron el año pasado con el RD, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad. En ese momento las grandes eléctricas ya mostraron su disconformidad con algunas medidas, aunque todavía no se ha entrado de lleno por la vía legal.
Las principales eléctricas se encuentran ante un escenario donde el Gobierno ha activado diversos movimientos regulatorios con el objetivo de abaratar la factura de la luz. Aunque quizá sean demasiados, y muy seguidos.
En este contexto, en Iberdrola en estos momentos no tiene previsto armar ningún tipo de batalla legal contra el Gobierno, el regulador o los supervisores del mercado, según ha podido conocer Economía Digital. Queda por ver si moverá algún tipo de recurso a nivel administrativo, aunque sobre esta situación no se pronuncian. Lo que de momento pueden confirmar es que no tienen previsto próximamente enfrentarse al Gobierno de manera directa por la vía legal.
Por lo que respecta a Endesa, se sitúan también fuera de posibles contingencias legales ante los movimientos que está realizando el Gobierno, tal y como habría sugerido la prensa esta semana. De esta forma, la compañía dirigida por José Bogas no tiene intención de actuar legalmente.
Esta situación se replica en Naturgy, que de momento descartan cualquier tipo de ofensiva legal, por ninguno de los frentes que pudieran ser problemáticos. Además, la compañía presidida por Francisco Reynés tienen diferentes frentes, por su negocio como gasista, donde además tiene que tener puesto los ojos legales en Argelia. En todo caso, en sus próximos movimientos no estaría una batalla legal contra el Gobierno.
Los motivos para la batalla
Que Iberdrola y Naturgy no vayan a presentar una inminente batalla legal contra el Gobierno o los reguladores por las decisiones que se están tomando en materia energética, no significa que no haya una base sólida para poder llevarlo a cabo.
De lo más lejano en el tiempo, el citado real decreto del otoño pasado, todavía tiene pendiente la subasta inframarginal, también conocida como subasta de las energías baratas, que obligará a Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP a ceder parte de su energía (nuclear e hidráulica) a otras comercializadoras e industria con un precio más bajo que el ‘pool’ del mercado.
En este sentido, las eléctricas argumentan que esta energía la tienen ya vendida, y no están muy conformes con la medida. Tanto, que llevan semanas maniobrando para que no se lleve a cabo en los términos acordados. Por lo tanto, un conflicto menos, mientras lo puedan resolver con las cláusulas que están añadiendo en los contratos.
La actividad legislativa contra las eléctricas sigue en aumento desde hace un año
El siguiente frente podría ser el tope del gas, y sobre todo los mecanismos de aplicación del ajuste que deben compensar los clientes. Esto afecta a las grandes eléctricas porque tienen la mayoría de usuarios en el mercado libre, que por el momento están exentos de pagar dicho ‘gap’ de compensación, y al parecer no les convence cómo se ha llevado a cabo.
Asimismo, las cuestiones impositivas pueden abrir otro frente de quejas y críticas por parte de las grandes eléctricas, aunque habrá que ver si eso puede tener algún tipo de recorrido legal. Aunque más allá de las implicaciones legales que pueda tener la aplicación, la realidad es que se ha generado una ambigüedad regulatoria demasiado grande.
Sobre todo, porque el Gobierno está utilizando a las eléctricas en estos momentos para llevar a cabo ciertos anuncios populistas en torno a sus beneficios. Así, más allá de atajar ciertos aspectos concretos, lo que se intenta con tapar agujeros que, por otro parte -y en un mercado libre-, puede volver a caer en la factura de los clientes.