Iberdrola y Endesa arremeten contra Repsol por la falta de control de precios

El sistema energético español ha dejado el engranaje empresarial completamente dividido. Por un lado están las grandes eléctricas, Iberdrola y Endesa, que se aprovechan el impulso electrificador del Gobierno; y por el otro, Repsol y Naturgy, principales actores en el negocio del petróleo y el gas, que saben de la importancia de sus negocios, pero también que el Ejecutivo quiere -precisamente- limitar su actividad en España. En esta lucha de poder, ambas utilizan a sus organizaciones presión para mandarse mensajes acusatorios más o menos velados.

Iberdrola, Endesa y Repsol saben que la energía es un sector hiperregulado. Por lo tanto, las decisiones que se tomen desde la administración, así como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), son claves para sus negocios. Y por ello han entendido que lo mejor es tirar a dar contra el enemigo, pese a que ambos bandos asumen que la electrificación deberá ser compatible con el uso del petróleo.

El último episodio se ha vivido esta semana a cuenta del tope del gas. Como su puesta en funcionamiento no está siendo todo lo exitosa que esperaba el Gobierno, desde la patronal eléctrica Aelec (Iberdrola, Endesa, EDP y Viesgo) decidieron emitir un comunicado público este miércoles.

En un primer término intentaban explicar desde su punto de vista por qué no está funcionado el mecanismo ibérico para contener los precios. Desde la patronal de Iberdrola y Endesa resumían que debido al alto calor, la baja producción renovable y la alta demanda de gas, se habían aumentado los costes. Hasta ahí el análisis.

Aunque después vino el tradicional ataque a una tecnología concreta. «El gas, verdadero problema de esta crisis, ha vuelto a incrementar sus precios un 13%. El incremento continuado del precio del gas hará que el ‘cap’ al gas no muestre reducción de precios de electricidad en el mercado respecto a los precios de los últimos días, sin embargo, los precios de electricidad en el mercado mayorista serán menores que si el ‘cap’ al gas no se hubiese implantado».

Comentarios extraños desde unas empresas que hacen importantes sumas de dinero gracias al gas. No obstante, el ataque definitivo llegó con una frase sentenciadora: «Las eléctricas no son lo mismo que otras energéticas. Las empresas eléctricas están contribuyendo manteniendo inalterados los contratos fijos con los clientes pese al fuerte incremento del precio del gas«. Con esta insinuación de que otras empresas energéticas, con clara alusión a las petroleras y los costes de los combustibles, tanto Iberdrola como Endesa profundizan en una guerra de tecnologías energéticas de la que por ahora se sienten ganadoras.

La respuesta, con otros dardos

La respuesta no se ha hecho esperar. Ha llegado de la mano de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), donde está Repsol, y los mensajes en clave la bando eléctrico ha llegado con la acusación de un trato de favor por lo que respecta a la creación del Fondo de Sostenibilidad Eléctrico.

En concreto, (AOP) muestra su preocupación por las consecuencias sociales y económicas de la aprobación del FNSSE, tanto para el sector industrial como para los consumidores.

La asociación advierte de que el FNSSE no supone una solución al problema del coste de la electricidad y sí plantea problemas adicionales, al implantar un sistema de financiación cruzada de unos sectores energéticos en favor de otros, incorporando una nueva carga sobre los combustibles y el gas para sufragar los costes del sistema eléctrico. Así, la norma pretende repercutir en el conjunto de sectores energéticos los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (Recore), para derivar progresivamente la mayor parte de su financiación a los comercializadores y operadores de todos los sectores energéticos.

Frente a ello, recuerda que las compañías asociadas vienen realizando desde hace años intensas inversiones en el desarrollo de procesos y productos que avancen en la reducción de emisiones, y que pueden verse afectadas al tener que asumir adicionalmente esta nueva carga. La asociación reivindica que cada sector, como viene haciendo el refino, debe hacerse responsable de los costes de su propia descarbonización.

El enfrentamientos entre distintos negocios irá a más en los próximos meses

Además de no aportar ninguna ventaja en este sentido, la creación del Fondo sí tiene consecuencias directas y negativas sobre la competitividad de la economía y la renta de los hogares.

Por un lado, la carga adicional que plantea para los operadores energéticos supone inevitablemente un incremento de los costes de producción, lo que implica un lastre para la actividad industrial, una penalización en términos de competitividad sobre todo para los sectores que compiten internacionalmente. Todo ello es un obstáculo al crecimiento del país.

AOP considera que existen alternativas más eficaces, más ecuánimes y más transparentes a la creación de este Fondo. La financiación de los costes del Recore podría abordarse a través de los Presupuestos Generales del Estado o -en su defecto- através del sistema impositivo, como se ha planteado en otras ocasiones y como se viene defendiendo desde AOP, proponiendo una reforma global de la fiscalidad energética y medioambiental. Esto permitiría, además, hacer más sencilla, transparente y trazable la financiación del Recore, evitando cualquier tipo de fraude. En caso de no poderse aplicar ninguna de estas dos soluciones, la Asociación pone de manifiesto la necesidad de aplicar exenciones para la industria.