Homs a Rajoy: “O deja de invadir competencias o que se cargue el Estado”

El Govern de la Generalitat ha encargado al Institut d’Estudis Autonòmics un informe para que esclarezca las duplicidades administrativas entre el gobierno central y los gobiernos autonómicos, desde la convicción, del Ejecutivo de CiU, de que la administración central vulnera las competencias de las autonomías.

Y el informe arroja luz, según el portavoz del Govern, Francesc Homs, porque “el gobierno central legisla con la idea de que defiende el interés general, o apela a razones económicas generales” y deja sin sentido algunas legislaciones de los parlamentos autonómicos. Como ejemplo ha mencionado la Ley de Dependencia, o la legislación comercial.

Uno de los sectores que se ve perjudicado por ello es, precisamente, el comercial. Homs ha admitido que las empresas no saben a qué legislación acogerse y que todo ello crea una “inseguridad jurídica”. Es lo que ha ocurrido con algunas multinacionales, como Carrefour y Alcampo, que se acogen a la legislación estatal para poder ampliar sus horarios.

Todo ello ha llevado a Homs a asegurar, con contundencia, que el gobierno central debe decidir: “O deja de invadir competencias, o que se cargue el estado autonómico”.

«Inseguridad jurídica»

Homs no ha concretado el coste económico de esa práctica que denuncia del gobierno central, y que, a su juicio, se discutió ampliamente durante la negociación del Estatut. “El propio exministro de Justicia, Francisco Caamaño, admitía que los gobiernos centrales no han entendido todavía que hay 17 parlamentos autonómicos, y que también legislan”, ha asegurado Homs, recordando aquella etapa, en la que tuvo un papel protagonista como negociador.

El portavoz del Govern, por tanto, cree que deberían ser los economistas los que pudieran traducir esas duplicidades en un coste económico concreto, pero que todo ello perjudica a la economía catalana, porque crea “una gran inseguridad jurídica”.

Para el Govern, la defensa de la Constitución, como esgrimen, a su juicio, los que están en contra del proceso independentista, implica, precisamente, la defensa de la legislación autonómica y no la superposición de legislación estatal que invade competencias.