Guerra a cuatro en DIA: los minoritarios buscan a su caballero blanco

Nacieron hace 17 días, han fichado a un abogado mediático y afirman tener el 6% de los votos de los accionistas a su favor. Los minoritarios de DIA, conocidos como la Asociación de Accionistas Defensores de DIA (AADD), son la resistencia en la compañía.

No apoyan a los planes de Mikhail Fridman, no aprueban la ampliación de capital propuesta por el consejo y tampoco se fían de la Sindicatura de Accionistas liderada por los herederos de Carrefour. Su intención es solo una: evitar que la compañía acabe en manos del magnate ruso y que un inversor español (o un par de ellos), un caballero blanco, entre en juego. 

Fridman es, a su parecer, la peor de las soluciones. Consideran el precio de su opa (0,67 euros por acción) una clara intención de quedarse una compañía valiosa a precio de saldo y saben que para hacerle frente necesitan sumar muchos apoyos. “El ruso está con Goldman Sachs y ya suman más del 35% de los votos”, explican. 

Pero los planes del consejo tampoco son de su gusto. La ampliación de capital de 600 millones que se votará en la junta de accionistas el próximo 20 de marzo les diluirá y, aunque Fridman también lo haría porque ya ha afirmado que no acudiría, siguen sin convencerle. De hecho, ya han anunciado oficialmente que tampoco van a acudir a la ampliación de capital, que estaría apoyada por Banco Santander, una de las entidades que lidera el pool de bancos acreedores. 

Tampoco están nada conformes con la advertencias que lanzan desde el órgano directivo. Tachan de “barbaridad” el aviso del consejo de administración de la cadena de supermercados, que avisan que podrían solicitar la disolución judicial en el plazo de dos meses tras la junta de accionistas, prevista para el 20 de marzo, si no se aprueba la ampliación de capital.

Entonces, ¿cuál es su solución? Buscar accionistas de referencias capaces de hacer frente a Fridman con una contraopa. «Estamos seguros de que llegará», afirman sobre la aparición de la figura conocida como caballero blanco, aunque saben que el tiempo corre. Queda menos de un mes para que los accionistas tengan que retratarse en la junta de accionistas y es probable que este jueves o mañana, viernes, Letterone presente su folleto ante la CNMV.  

Mientras tanto, se mueven. Plantean la posibilidad de que la cadena de supermercados venda parte de sus inmuebles —fuentes conocedoras afirman que han contactado con CBRE como asesor de la operación—, en el caso de que la ampliación de capital propuesta por el consejo de administración no salga adelante y la presión sobre sus cuentas aumente. 

AADD y sindicatura, distantes

Sobre su posible unión con la Sindicatura de Accionistas, el tercer grupo en esta disputa que encabeza el francés Gregoire Bontoux Halley, ligado a Carrefour, tampoco quieren ni oír hablar. “Todavía no sabemos si están con o contra Fridman”, empiezan. Y, aunque es verdad que ha habido contactos entre ambos grupos, tal y como explican fuentes no oficiales de la AADD, desde la sindicatura discrepan del estilo de los minoritarios, por intentar «judicializar» y «politizar» el proceso. 

Detrás de la AADD está Rafael del Castillo, un empresario conocido por haber sido editor del periódico deportivo Superdeporte, que posteriormente vendió al grupo Prensa Ibérica (Javier Moll).  Del Castillo, que entró en DIA al mismo tiempo que el inversor Paramés, defiende la españolidad de la compañía y su oposición a que Fridman termine haciéndose con la cadena de supermercados por poco más que 296 millones de euros. 

Por tanto, explican, «no estamos hablando de que una compañía se quede con otra —han aparecido los nombres de la portuguesa Sonae, la alemana Lidl o la francesa Carrefour—, sino que empresarios nacionales, que entiendan cómo funciona el sector, den un paso adelante». 

Del Castillo no está solo. A él se ha unido el abogado Miguel Durán, conocido por ser expresidente de la ONCE, y desde el principio le acompañan Eduardo Alcalde Clemente (vicepresidente), otro hombre ligado a las empresas de comunicación en la Comunidad Valenciana y el abogado Juan Ángel Pujol Sánchez (secretario).