Golpe a Ábalos: el ‘decretazo’ anti-Uber puede caer en el Congreso

Nueva cuenta atrás para el ministro José Luis Ábalos. Si el titular de Fomento pensaba que las aguas estaban calmadas tras presentar el decreto contra Uber y Cabify, el que pretende frenar la actividad de las licencias VTC — utilizadas por estas plataformas — frente al taxi, estaba equivocado. Tiene 14 días para convencer a los diferentes partidos, que sostienen y dan apoyo a un débil Gobierno, para que convaliden la medida. Y, a pesar de que se acaba el tiempo, lo único que ha conseguido es ganar detractores y dividir al taxi. 

“Te diría que hoy está más cerca el no que el sí a la aprobación del real decreto”, comentan desde los servicios jurídicos del sector VTC, que en los últimos días están acelerando los contactos y las llamadas. Han elaborado un informe jurídico que están presentando ante grupos parlamentarios y diferentes administraciones para que vean que el real decreto hace aguas por todas partes. 

La primera vía de escape es la transferencia de competencias a las comunidades autónomas. Ábalos quiere que sean los gobiernos regionales, de la mano de los ayuntamientos, quienes tengan plenos poderes para regular el uso de estas autorizaciones. Así, serán ellos quienes podrán imponer tarifas, horarios u otras condiciones que limiten la actividad de los conductores que trabajan para Uber y Cabify. 

“No quieren recibir las competencias, se lo dijeron en julio y la situación sigue siendo la misma”, explica otra fuente, que cuenta que el oscurantismo del ministro con el texto definitivo no ha gustado a nadie. No solo escondió el texto a las administraciones gobernadas por el Partido Popular —en la Comunidad de Madrid lo recibieron mientras Ábalos entraba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros—, sino que también lo hizo con las del mismo color político. 

“Les engañó. Dijo que se sentaría con ellos antes de aprobar el decreto el viernes 28 de septiembre y lo hizo después, al miércoles siguiente. Y para colmo se justificó diciendo que si no ofreció el texto definitivo fue porque no quería que se filtrase. ¡No se fiaba de ellos, de su propio partido!”, añade la misma fuente.

Ábalos busca apoyos… pero solo tiene a Podemos 

La debilidad del PSOE, con 84 diputados en el Congreso, marca el futuro del real decreto, que necesita aprobarse por mayoría simple. Puesto que se da casi por seguro que PP (134) y Ciudadanos (32) votarán en contra, los socialistas están obligados a buscar alianzas con los nacionalistas vascos y catalanes, ya que con el apoyo de Podemos (67) no alcanza. 

«Esto es una clara exigencia de Podemos, en general, y de Rafa Mayoral, en particular, que es quien más ha influido en el decreto», cuentan fuentes cercanas a la patronal Unauto VTC, que ponen como ejemplo que el partido morado está enfrentado en los tribunales con Cabify​ y utiliza el ataque a las tecnológicas para alimentar su discurso contra los grandes poderes económicos. 

El Pdecat supedita su decisión a lo que ordenen desde Cataluña

Pero en el resto de grupos la situación es distinta. “¿Convalidarlo? Lo hemos leído, pero necesitamos más tiempo”, explican fuentes cercanas al grupo parlamentario del Pdecat (8), que añaden que la decisión, casi con toda seguridad, se decidirá el mismo día que se presente el proyecto en la Cámara baja, el 25 de octubre (fecha estimada) . 

Desde el partido catalán explican que, en gran medida, todo se decidirá fuera del hemiciclo. “Haremos lo que nos digan desde la Generalitat”, añade el mismo testimonio, haciendo referencia a que el sí dependerá de cómo se encuentren las relaciones entre el gobierno autonómico y el central. 

El taxi, partido en dos por el decreto

Las dudas en los partidos, que además tienen miedo por si acaban pagando con dinero público cualquier daño causado a las VTC, se van alimentando a medida que escuchan las quejas del taxi. El sector dio el visto bueno al real decreto hace doce días y está ahora mismo partido en dos: una parte sigue apoyando a Ábalos, pero otra ya no se fía de él.

En este último lado se coloca Fedetaxi. La asociación más grande del sector estudia llevar parte de la normativa ante Bruselas. No está conforme con la moratoria, de 4 a 6 años, que el Ejecutivo socialista añadió a modo de indemnización al sector de las VTC. El presidente de la asociación, Miguel Ángel Leal, cuestionó esta medida, que consideró «carente de sentido porque es el taxi el que sufre la competencia desleal».

Alberto Álvarez, portavoz de Élite Taxi. EFE

Del otro lado están Élite Taxi y la Plataforma Caracol, las dos asociaciones que más movilizaron al taxi en julio y dominaron las negociaciones con Fomento. «El olor a corrupción planea sobre la convalidación del decreto ley», empieza uno de los mensajes masivos que Élite empezó a difundir en sus redes internas el pasado 9 de octubre.

Para muestra del enfrentamiento, Élite y Caracol abandonaron la Coordinadora Nacional del Taxi hace un par de semanas y el pasado jueves criticaron la postura de Fedetaxi, a quienes no dudaron en colocar “en la misma dirección que los lobbies”.

UGT tensa la cuerda 

Por si fuera poco, al PSOE le ha salido un curioso enemigo en su guerra contra los vehículos de arrendamiento con conductor: UGT. El sindicato, histórico apoyo de los socialistas, se entiende mejor con Unauto y los representantes de Uber y Cabify, con quienes firmó el 19 de septiembre un acuerdo por la calidad del empleo de las VTC.

La foto de Miguel Ángel Cilleros Sánchez, secretario general de la Federación de Servicios, con la plana mayor de las tecnológicas, entre ellos el presidente de Vector Ronda Teleport, Rosauro Varo, uno de los mayores tenedores de licencias VTC (250 en Barcelona), no sentó nada bien en el Gobierno. 

La relación entre Cilleros y Ábalos parece que no pasa por su mejor momento. Desde el círculo del sindicalista cuentan que éste envió un mensaje al ministro en plenas negociaciones con el taxi, con el objetivo de que recapacitase y escuchase a ambas partes, pero éste nunca contestó.

Días después, en la misma rueda de prensa en la que se presentó el real decreto, Ábalos soltó un mensaje [minuto 25:32] que en los mentideros se interpretó como un dardo para Cilleros. «Yo, de los mensajes en los grupos de Whatsapp, alguno me llega, como comprenderán, pero no todos«, lanzó el ministro cuando fue preguntado por las filtraciones de las negociaciones.

La situación terminó de caldearse ayer miércoles. Cilleros envió una carta animando al resto de partidos a oponerse al real decreto. El sindicato cree que Ábalos pone en peligro “un marco laboral estable y de calidad a los más de 15.000 trabajadores de empresas VTC”, tal y como explicó en la misiva.