Godia y Torreblanca pagan la ‘pena de telediario’
El matrimonio declara este martes ante el juez por 14 presuntos delitos fiscales
Liliana Godia y Manuel Torreblanca declaran este martes en los juzgados de Barcelona. El matrimonio, imputado por un presunto fraude fiscal que asciende a 5,7 millones de euros, no ha logrado evitar la pena de telediario –es decir, la exposición a los medios de comunicación en un proceso judicial– pese a los esfuerzos de su abogado, José Ángel González Franco, para llegar a un acuerdo con la acusación.
La jornada de interrogatorios la completa Francisco Javier Amat, asesor histórico de la rica heredera, que también declara como imputado en el caso.
Situación
El letrado González Franco se ha reunido en los días previos a la comparecencia con la Fiscalía de Delitos Económicos, encabezada por Francisco Bañeres, para resolver el asunto por la vía rápida. Una estrategia parecida a la que intenta aplicar el abogado de Leo Messi, Cristóbal Martell.
La propuesta significa devolver las cantidades defraudadas, pagar una multa millonaria y reconocer buena parte de los hechos. Fuentes judiciales aseguran que la evolución del proceso será menos estricto con Liliana Godia, puesto que los hechos probado están más cerca de la irregularidad administrativa que del delito fiscal. Las mismas fuentes no son tan optimistas, en cambio, con respecto a su marido y al asesor de la familia.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado están estudiando la solución con la que cerrar el caso en el supuesto de un acuerdo. No obstante, la Generalitat –incorporada más tarde a la causa como acusación particular y que reclama algunos importes presuntamente defraudados en el impuesto sobre el patrimonio– también deberá dar el visto bueno.
La querella
Godia es hija del empresario y piloto de Fórmula 1, Francisco Godia. Tiene participaciones en firmas de renombre como Abertis, que genera unos dividendos anuales millonarios.
El mismo día de hacerse pública la querella, Liliana Godia y su marido emitieron un comunicado en el que negaron haber cometido delito alguno.
En el documento, reprocharon a Hacienda que no les hubiera informado ni les hubiera dado la oportunidad de presentar alegaciones.
