El Gobierno pierde 5.000 millones más del rescate de Bankia tras la fusión con Caixabank
El Frob reconoce que los cambios contables realizados al pasar Bankia a manos de Caixabank le hacen perder más de 5.000 millones
La participación del Gobierno en Caixabank a través del Frob se ha deteriorado en algo más de 5.000 millones de euros desde la fusión. Lo que hace cada vez más imposible que pueda recuperar los 22.400 millones que inyectó en Bankia en 2012 cuando fue nacionalizada para evitar su quiebra.
A cierre de 2019, el Frob (que a través de BFA tenía un 61,8% del capital de Bankia) estimaba que el valor recuperable era de unos 9.000 millones, un 40% menos de lo que invirtió. Ahora lo reduce en otros 5.038 millones, según figura en sus últimas cuentas. Aunque esta reducción se debe a cambios contables.
Cuando estaban en Bankia, la ley indicaba que el grupo BFA debía calcular el valor recuperable de la inversión en función del valor contable o valor en libros, es decir, teniendo en cuenta los activos y pasivos de la entidad. En su caso, era casi un 62% de unos 12.000 millones.
Una vez que Bankia fue absorbida por Caixabank, el grupo BFA desparece (ahora es simplemente BFA y tiene un 16,1% del banco catalán) deja de formular cuentas consolidadas y cambia el modo en el que calcula el valor recuperable, que toma como referencia la capitalización bursátil.
Conforme a esto, el Frob (que depende del ministerio de Economía) revela en sus cuentas que, a cierre de 2021, ha procedido a estimar el valor recuperable de su participación en BFA, resultando el reconocimiento de un deterioro de valor por importe de 1.482 millones de euros, que se suma al deterioro de 3.556 millones que ya realizó a cierre de 2020. Es decir, el Gobierno asume que no podrá recuperar otros 5.000 millones.
Con los nuevos cambios y teniendo en cuenta la capitalización de Caixabank a cierre de junio, el Gobierno podría recuperar ahora 4.300 millones, correspondientes al 16,1% de su valor en bolsa. Una cantidad aún muy lejana a lo que invirtió.
En cuanto a la salida del Gobierno del accionariado de Caixabank, en las cuentas del Frob se recuerda que el plazo de desinversión (primero en Bankia) debía concluir antes del transcurso de cinco años desde el momento de la inyección de los 22.400 millones. No obstante, se amplió el plazo a 7 años y se situó la fecha límite en diciembre de 2019, aunque con la posibilidad de volverse a ampliar de nuevo por el Consejo de Ministros si fuera necesario.
Bajo esta premisa, en febrero del año pasado se aprobó una nueva ampliación del plazo de desinversión del Frob de su participación en BFA-Bankia por dos años adicionales, por lo que en la actualidad este plazo se extiende hasta diciembre de 2023, pero es susceptible de ampliación otra vez.
Reticentemente el presidente de Caixabank (antes de Bankia) alejaba la posibilidad de que esto sucediera a corto plazo. En la presentación del plan estratégico, José Ignacio Goirigolzarri insistió en que es el Estado y no él, quien debe decidir si se mantiene o no como segundo accionista del banco, durante cuánto tiempo estará y si decide irse, en qué circunstancias.
“Tiene una teórica fecha para salir del accionariado, pero puede renovarse”, apuntaba. Este ejercicio se cumple diez años del rescate a Bankia y dentro de uno se acaba el plazo de desinversión, pero el ejecutivo cerraba la puerta a que esto ocurra, asegurando que su presencia no hace daño a la acción del banco en bolsa, ni ahora ni cuando estaba en Bankia.
Recientemente, el diario Expansión adelantaba que el Gobierno no tiene intención si quiera de salir de Caixabank, ni de manera total ni progresiva. Así que volverá a prorrogar el plazo cuando toque ya que le interesa más seguir dentro y recibir dividendos. El año pasado no hubo por la recomendación del BCE, pero este ejercicio, el Estado ha recibido cerca de 190 millones de euros.
En los años en los que fue accionista de control de Bankia, las arcas públicas recuperaron una mínima parte del dinero invertido en la entidad, mediante ventas o colocación de capital, hubo una del 7,5% en 2014 y otra del 7% en 2017. Con esto ingresaron algo más de 2.100 millones de euros. Y con los pagos de dividendos, desde 2015 y hasta 2019, la cifra se elevó hasta los 3.300 millones.