El Gobierno intensifica su pugna con Aena y no compensará el impacto de la pandemia

El Gobierno y Aena han abierto un nuevo capítulo en su batalla particular durante la pandemia. El Ministerio de Transportes se ha negado ahora a compensar económicamente al gestor aeroportuario por la caída del consumo que provocó la cancelación de buena parte del tráfico aéreo durante los momentos más críticos de la crisis del coronavirus.

Aena ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que la Dirección General de Aviación Civil ha cerrado la puerta a revisar el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) del periodo 2017-2021. Este texto sirve como hoja de ruta para establecer las condiciones mínimas de los aeropuertos, pero se redactó antes del estallido de la pandemia.

El gestor aeroportuario había solicitado que se reescribiesen algunos puntos del documento, después de haber protagonizado un déficit tarifario de 1.365 millones de euros en el año 2020 como consecuencia del coronavirus. Sin embargo, el Gobierno no considera que deba hacer frente a una compensación porque «no se aprecia la concurrencia de todas las circunstancias excepcionales».

La empresa pública que preside Maurici Lucena presentó la solicitud ya el pasado 9 de marzo de 2021 y propuso paliar el agujero económico que había provocado la pandemia con compensaciones económicas que se plasmasen en la regulación del periodo de 2027 a 2031. Sin embargo, se ha llevado un ‘no’ por respuesta.

Tras este varapalo, el gestor aeroportuario ha comunicado que ya ha presentado un recurso administrativo ante la Secretaría General de Transportes y Movilidad para tratar de darle la vuelta a la decisión. Si su reclamación no prospera, la compañía ha abierto la puerta a emprender otro tipo de acciones «en defensa de su interés social», lo que abre la puerta a una nueva batalla judicial.

El Gobierno y Aena arrastran el conflicto de los alquileres de los aeropuertos

Se trata del segundo conflicto que enfrenta al Gobierno de Pedro Sánchez con Aena durante la crisis sanitaria y económica del coronavirus, después de que el Congreso obligara a la compañía aeroportuaria a rebajar el alquiler que cobra a los inquilinos que tienen locales de tiendas o restauración en sus infraestructuras.

La iniciativa parlamentaria salió adelante con el apoyo tanto de algunos grupos de la oposición como el Partido Popular, Ciudadanos o Vox, como de varios socios habituales del Gobierno (Esquerra Republicana, el Partido Nacionalista Vasco o EH Bildu). Finalmente, tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos decidieron abstenerse y dar la espalda a las reclamaciones de Aena.

El gestor aeroportuario advirtió entonces que la medida le costaría 1.500 millones de por el desplome de sus ingresos comerciales de aquí al año 2025. E incluso acordó presentar un recurso contra la decisión ante el Tribunal Constitucional. Ahora, suma un nuevo capítulo a sus desencuentros con el Gobierno.