El Gobierno lleva al Congreso el impuesto a la banca pese al rechazo del sector y los supervisores
El Banco Central Europeo, la Comisión Europea, el Banco de España, las patronales y las entidades han criticado el tributo desde que se anunció en julio
La vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. EFE/Fernando Villar POOL
El Gobierno lleva este jueves al Congreso de los Diputados el impuesto a la banca. Cuatro meses después del anuncio del presidente Pedro Sánchez y pese a recibir numerosas críticas por parte de las entidades, empresarios y supervisores desde entonces, el nuevo tributo verá la luz.
El Ejecutivo quiere recaudar 1.500 millones de euros en 2023 gravando el 4,8% del margen de intereses y comisiones de las entidades que en 2019 ingresaron más de 800 millones de euros. Esta recaudación la utilizarán como parte de los ingresos previstos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que también se votan este jueves.
El sector está viviendo una semana de infarto, pues el martes también se aprobaron las ayudas a hipotecados vulnerables, que salieron adelante sin tener a la banca del todo satisfecha, y la nueva autoridad de protección del cliente financiero, que multará con 250 euros a las entidades por cada reclamación que admitan de sus clientes si no han sido resueltas.
Pero de todas estas medidas, la más criticada sin duda ha sido el impuesto a la banca. Y no solo por parte de las propias entidades, el supervisor o determinados políticos. La disputa incluso ha llegado a Bruselas y Fráncfort, donde se ha advertido de sus riesgos.
El más tajante ha sido el Banco Central Europeo, que emitió un dictamen firmado por la propia presidenta Christine Lagarde donde se cuestionaba y rechazaba la utilidad del tributo. Descarta que los bancos vayan a tener beneficios extraordinarios por la subida de tipos, como defiende el Gobierno, y recuerdan que también tienen más gastos (por las subidas de costes) y deben subir provisiones para hacer frente a posibles impagos por la inflación.
Asimismo, el BCE alertaba en su informe de que el nuevo impuesto pone en riesgo la concesión de crédito, perjudica a la solvencia y la rentabilidad de las entidades y concluye que sería legítimo que los bancos lo trasladaran a los clientes, algo que el Ejecutivo no contempla.
La Comisión Europea también se ha pronunciado en su informe de supervisión, donde advierte del impacto en los beneficios y la generación orgánica de capital que puede tener para la banca el nuevo gravamen, según adelanta El Confidencial.
El Banco de España a su vez, ha advertido que se comerá hasta un 6% de los beneficios de la banca y entiende que tendrá repercusión en la concesión de crédito y la estabilidad financiera; Por su parte, los empresarios han criticado que el Gobierno no haya tenido en cuenta la opinión del supervisor en la elaboración de la Proposición de Ley.
El Instituto de Estudios Económicos (el centro de estudios de la CEOE), alerta de que al elegir para la tramitación de la norma la Proposición de ley y no el Proyecto de ley, se omiten algunos trámites, como la consulta pública o contar con un informe específico del Banco de España “que tiene mucho que decir de la introducción de un nuevo gravamen a las entidades financieras”.
Algunos políticos también han querido mostrar su rechazo al tributo, de hecho, esta misma semana lo ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso asegura que el único objetivo del Gobierno es «recaudar” y el único resultado “empobrecer masivamente».
Comentaba también que al Gobierno «poco le importan los sucesivos avisos de organismos internacionales, la incertidumbre económica o el informe del Banco Central Europeo” e indicaba que «el impuesto a la banca no es buena idea”.
También esta semana, la presidenta de AEB Alejandra Kindelán ha insistido en que el impuesto “no va a solucionar nada” y que “no es momento de poner más cargas sobre el sector». Un discurso que lleva meses defendiendo, al igual que CECA, la otra patronal del sector.
Igualmente, los presidentes y consejeros delegados de las grandes entidades españolas (que son los que soportarán el impuesto) se han rebelado contra del impuesto desde su anuncio en julio y de manera más intensa desde que se conocieron los detalles del mismo.
La CEO de Bankinter, María Dolores Dancausa, pidió perdón de manera irónica porque su banco ganara dinero y advirtió que el sector buscaría “resquicios legales para no tener que pagar”. El de Caixabank, Gonzalo Gortázar, asegura que es “injusto, distorsionador y contraproducente”.
El de Sabadell, César González-Bueno, apuntaba esta misma semana que su banco ya paga más impuesto de lo que obtiene en beneficios; José Antonio Álvarez, de Santander, ha advertido que «la inflación difícilmente se combate con impuestos» y del impacto del nuevo en el coste de capital de las empresas y en su capacidad de generar empleo.
Mientras que el de BBVA, Onur Genç, asegura que tributo es «una mala noticia» para España porque el país lo que «necesita ahora» es crecer; Una oleada de críticas por parte del sector que no han servido para frenar el Gobierno, que este jueves da un paso al frente para sacarlo adelante.
