El Gobierno incluye en el impuesto a la banca a las entidades extranjeras que operan en España
El Banco Central Europeo y la gran banca habían criticado que las entidades extranjeras no estuvieran incluidas en el nuevo gravamen
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. EFE/ Mariscal
El Gobierno modifica el impuesto a la banca e incluye una de las peticiones del sector y del propio Banco Central Europeo, que se incluya a las entidades extranjeras que operan en España. La proposición de Ley que registraron en el Congreso los grupos parlamentarios el pasado mes de julio las excluía, lo que había generado malestar entre grandes bancos.
Entidades como Santander, Caixabank, BBVA, Sabadell o Bankinter, que son los que asumirán la mayor parte del tributo, lo han criticado con dureza al justificar que no están obteniendo beneficios extraordinarios por la subida de tipos de interés, que es lo que apela el Gobierno.
Pero además, habían reprochado que se dejara fuera a determinadas entidades, como las extranjeras. Sin embargo este jueves, dentro de las enmiendas que PSOE y Unidas Podemos han hecho a la proposición de Ley de los impuestos a la banca y las energéticas, se modifica este criterio.
En concreto, se indica que la prestación se exigirá a todas las entidades que están sujetas a supervisión directa por el Banco Central Europeo, incluidas las sucursales establecidas en España de entidades de crédito extranjeras. «Con este criterio se evita alterar la competencia en el mercado entre grandes entidades«, explican.
De esta manera, entidades como ING también se verán afectadas y deberán abonar una tasa del 4,8% independientemente de sus ingresos en España. En el resto de entidades, se seguirá teniendo en cuenta si sus ingresos por intereses y comisiones correspondiente al año 2019 fueron igual o superiores a los 800 millones de euros para tener que pagar.
Es decir, el Gobierno ha modificado el texto definitivo para que el nuevo impuesto, con el que pretender recaudar unos 1.500 millones en 2023 tomando como referencia las cuentas de 2022, y otros 1.500 millones en 2024, sea más equitativo y se distribuya entre un mayor número de entidades.
Así lo había recomendado el Banco Central Europeo hace solo unos días en un dictamen, firmado por la presidenta Christine Lagarde donde advertía de que la aplicación del nuevo impuesto solo a algunas entidades (dejando fuera las extranjeras con negocio en España) podía «falsear la competencia en el mercado y perjudicar la igualdad de condiciones».
El informe, aunque no es vinculante, instaba al Gobierno a realizar algunos cambios y un análisis exhaustivo «de las posibles consecuencias negativas» para el sector bancario que podría tener el tributo; El Ejecutivo mantuvo su postura y aclaró que este se mantendría intacto, aunque finalmente ha decidido realizar algún cambio.
