Calviño multará con 2M a los bancos si desoyen al nuevo Defensor del Cliente Financiero
Economía impondrá sanciones de 500.000 a 2 millones de euros a bancos y aseguradoras dependiendo de si la infracción es leve o grave
Golpe del Gobierno a los bancos y aseguradoras. Economía propone en el anteproyecto de Ley donde se está dando forma a la figura del Defensor del Cliente Financiero que las entidades puedan ser multadas con hasta 2 millones de euros si cometen infracciones graves cuando se están resolviendo las reclamaciones que van contra ellas.
Economía quiere crear una ‘Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero’, conocida como el Defensor del Cliente Financiero, para centralizar en una sola figura todas las reclamaciones que acaban en el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, cuando han sido rechazadas por la banca, aseguradoras o entidades de crédito.
Dicha figura solo recibirá las reclamaciones inferiores a 20.000 euros y la resolución que emita será vinculante. El ministerio que lidera Nadia Calviño ya adelantó que penalizarán a los bancos con 250 euros por cada reclamación admitida en la nueva Autoridad, pues la idea es que las empresas resuelvan el mayor número de reclamaciones de manera interna y no colapsen a los supervisores y por ende al nuevo defensor de cliente financiero.
La medida fue rechazada de forma unánime por el sector financiero casi de manera inmediata. Una de las patronales bancarias, CECA, incluso envió un comunicado para defender que la resolución de estas reclamaciones debería corresponder a la CNMV y no a una nueva entidad pública.
Por su parte, la presidenta de la otra patronal (AEB) Alejandra Kindelán alegó que España es el único país que está creando una autoridad para ello y defendió que el sector opta por el modelo “twin peaks”, donde los grandes supervisores, como el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, resuelven este tipo de incidencias.
Pese a las críticas, el ministerio de Economía ha seguido adelante con sus planes y además de los 250 euros ha decidido añadir sanciones si durante el proceso el proceso en el que se resuelve el expediente las entidades cometen infracciones, como se recoge en el anteproyecto de Ley.
Multa de 500.000 a 2 millones de euros a bancos y aseguradoras
Si la infracción es leve el importe máximo de la multa será de 500.000 euros y si es grave alcanzará los 2 millones de euros. En el Título V -artículos 56 a 65- se regulan dichas infracciones y se explica que, se considerará grave, por ejemplo, que una entidad no remita a la Autoridad las alegaciones o la documentación que se le exige siempre que, por el número de afectados, la reiteración de la conducta o los efectos sobre la confianza de la clientela y la estabilidad del sistema financiero, este incumplimiento pueda estimarse como especialmente relevante.
También será infracción grave que un banco, entidad o aseguradora incumpla las normas de conducta y buenas prácticas, la no conservación de la documentación precontractual y contractual, o incumplir las resoluciones de esta Autoridad.
Sin embargo, Economía considerará infracción leve estos mismos casos de desobediencia cuando no puedan considerarse como especialmente relevantes por el número de afectados, la reiteración de la conducta o los efectos sobre la confianza de la clientela y la estabilidad del sistema financiero.
Las reclamaciones ante el BdE se disparan un 60%
El anteproyecto de Ley se aprobó en abril y los planes de Nadia Calviño pasan porque esté listo antes de que finalice el año. En septiembre se envió a la CNMC para que diera su veredicto, como finalmente ha hecho este mes de noviembre y ahora falta el informe del Consejo de Estado para después pasar a su aprobación en el Parlamento.
El Gobierno pretende rebajar el número de reclamaciones que reciben los supervisores, que lleva años en aumento, y de manera desproporcionada en el Banco de España. El año pasado recibió 34.330, un 60% más que en 2020, tratándose de una de las cifras más elevadas de la última década.
Asimismo, el Servicio de Reclamaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores recibió el año pasado 1.254 quejas, un 1% más que el año anterior, y en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) 11.920 expedientes, un 18% más que en 2020.
La saturación de reclamaciones en la (DGSFP), un órgano público dependiente del ministerio de Economía, llevó a Nadia Calviño en verano a contratar a una empresa externa que se encargara de gestionarlas, tal y como adelantó Economía Digital.
“El servicio de reclamaciones no dispone de la plantilla suficiente para atender adecuadamente el volumen de reclamaciones, por lo que se requiere de medios adicionales para garantizar una atención adecuada a los ciudadanos dentro de los plazos legales”, explicaba el ministerio en la licitación.
La nueva figura también pretende que los bancos se pongan las pilas pues la propia vicepresidenta del Gobierno explicó que es el sector que más quejas recibe en España, por lo que esta medida podría ayudar a que se resuelvan más expedientes a favor del cliente cuando todavía está en manos de los bancos esta decisión.