Glovo saca ventaja al lobby farmacéutico por la inacción de Sanidad
La parálisis del ministerio de Sanidad permite que Glovo siga distribuyendo fármacos tres meses después de la denuncia de Fefac
La guerra entre el sector farmacéutico y Glovo sigue sin que nadie ponga tierra de por medio. El proceso que enfrenta a la startup y a la federación de farmacéuticos de Cataluña (Fefac) por la distribución de medicamentos se ha quedado paralizado tres meses después de que el organismo catalán denunciara a la compañía ante la Generalitat.
El departamento autonómico revisó las quejas presentadas y las elevó al ministerio de Sanidad, dado que la actividad de la compañía que dirige Óscar Pierre se inscribe en toda la geografía nacional.
Pero el recorrido de la denuncia no ha traspasado los despachos de la Agencia Española del Medicamento (AEMPS), organismo adscrito al ministerio y encargado de decidir qué tipo de sanción –en caso de proceder– se debe imponer a la firma de reparto a domicilio.
Ambas partes reconocen que no han recibido ningún tipo de respuesta –al igual que este medio tras varias solicitudes– 92 días después de iniciarse el conflicto, lo que ha permitido Glovo a seguir operando con normalidad.
Ninguna de las partes ha recibido respuesta del ministerio después de que la Generalitat elevara las quejas
La compañía explica que no tiene pensado eliminar la sección de farmacia porque “como plataforma tecnológica, la actividad está amparada legalmente”.
«La dispensación de los medicamentos recae exclusivamente sobre las oficinas de farmacia, quienes libremente pueden decidir si hacerlo o no tras valorar la petición», explican con motivo de que la app da la posibilidad de que los farmacéuticos puedan llamar personalmente a los usuarios en caso de duda.
Glovo da acceso a más de 40 fármacos, entre los que se encuentran medicamentos de todo tipo –salud intestinal, productos de embarazo o contra el dolor y la fiebre, entre otros–, y adjunta las fichas técnicas de todos ellos.
La reclamación de Fefac
Fefac argumenta en su denuncia que la práctica de Glovo «puede conllevar un riesgo para la salud pública» y la vulneración de dos principios: el de dispensación de medicamentos y el de atención farmacéutica.
El texto, en el que se exige la incoación «de un expediente administrativo para proceder a la inspección de la actividad de la sociedad Glovoapp», añade que Glovo abre la puerta a al mercado negro.
En concreto, explican que esta práctica acerca «la venta ilegal de medicamentos al público, que pueden ser objeto de reventa, actividad expresamente prohibida por la Ley 29/2006«.
La ofensiva de Fefac no es casualidad. El organismo se ha enfrentado en los tribunales a otras compañías en anteriores ocasiones. Sonados fueron los casos de Banco Santander por el caso Novax o el Séphora Cosméticos, a quienes obligaron a retirar la cruz de malta en sus escaparates.