Gas Natural juega la última carta en Colombia
Gas Natural y el gobierno de Juan Manuel Santos se reúnen este lunes a 24 horas del fin del plazo de intervención de Electricaribe
Las posibilidades son mínimas, pero Gas Natural Fenosa lo va a intentar. La multinacional española y el gobierno colombiano se han citado este lunes en la que, a priori, será la última reunión para buscar un acuerdo en el caso Electricaribe. El encuentro tendrá lugar a un día del fin del plazo máximo de la intervención, que termina el martes 14 de marzo.
En las últimas semanas, ambas partes han acercado algo sus posiciones, al producirse un cambio en el discurso de Colombia. Los actuales gestores públicos de Electricaribe ya reconocen abiertamente los problemas que sufre la eléctrica y que Gas Natural denunciaba desde hacía años. Además, algunos ministros de Juan Manuel Santos han hecho declaraciones públicas llamando al entendimiento.
La eléctrica colombiana tiene un agujero de 1.200 millones causado por el fraude y la morosidad
No obstante, fuentes cercanas a las negociaciones han explicado a Economía Digital que las posiciones todavía no están lo suficientemente cerca. Gas Natural pide medidas concretas para combatir el fraude y la morosidad que sufre Electricaribe y que ha hecho un agujero en sus cuentas de al menos 1.200 millones de euros. Colombia ya reconoce el problema y promete combatirlo, pero no ha puesto medidas concretas encima de la mesa.
Las mismas fuentes apuntan a que el gobierno de Santos está atado de pies y manos a la opinión pública que él mismo se ha encargado de crear, culpando de todos los problemas de abastecimiento y de falta de inversiones a la empresa española. Por ello, poner medidas concretas supondría una rectificación y un mea culpa difíciles de asumir. Tendría que conseguir algo a cambio, como nuevas inversiones.
Gas Natural aceptaría una compensación a cambio de Electricaribe
La prioridad de la compañía española es recuperar la gestión de su eléctrica colombiana, pero tampoco vería con malos ojos, como solución menos mala, que la titularidad pasara a manos públicas a cambio de una compensación. El problema es que esta opción parece menos probable que la primera.
Con estos elementos encima de la mesa, y las aparentes dificultades para el acuerdo, este lunes se celebra la teórica última reunión con interrogantes. A priori, no está prevista la participación del consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca, ni del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aunque no puede descartarse que el primer ejecutivo de la multinacional española haya cogido un avión a última hora.
Isidro Fainé ya ha demostrado que le gustan las negociaciones difíciles, como la de YPF en 2013
Tampoco está prevista la presencia de Isidro Fainé. Pero no puede descartarse nada: al presidente de Gas Natural le gusta tomar el mando de las negociaciones difíciles, como demostró en 2013 cuando voló a Argentina para negociar la compensación a Repsol por YPF. Fainé era vicepresidente de la petrolera. Sin ir más lejos, hace un mes ya se reunió con Santos, y en noviembre lideró las conversaciones con Colombia para intentar evitar la intervención.
Si no hay acuerdo ni más demoras en las negociaciones, a partir del martes Gas Natural tendrá vía libre para acudir al Ciadi, el organismo del Banco Mundial que media en este tipo de conflictos, e iniciar un largo proceso para buscar una compensación. Y Santos tendrá que decidir qué hacer con una eléctrica que tiene un claro problema de viabilidad y que acumula deuda con sus proveedores.
La CEOE y la UE buscan su papel
El caso Electricaribe ha tenido unos nuevos protagonistas en los últimos días: las patronales española y colombiana, con la Comisión Europea de por medio. Su influencia en las negociaciones se presume entre poca y nula, ya que llega tarde y Santos no parece dispuesto a doblegarse a las presiones.
El presidente de la CEOE, Juan Rosell, escribió una carta a la UE en la que reclamaba el apoyo a Gas Natural, y la Comisión habría respondido positivamente, según publicó Cinco Días. Estos movimientos han provocado el rechazo del empresariado colombiano, que ha criticado que desde España se cuestione la seguridad jurídica del país.
