Garamendi regulariza su sueldo en CEOE tras las advertencias de sus abogados
La junta directiva de la patronal aprobó el 25 de enero hacer un contrato laboral a su presidente, tras años facturando como autónomo. Y con una subida salarial del 9%, superior a la del SMI
Antonio Garamendi ha reaccionado ante la polémica por su salario de 350.000 euros al año como presidente de CEOE, avanzada por Economía Digital. Su decisión, aprobada ya por la junta directiva de la patronal, ha sido regularizar dicha remuneración mediante un contrato laboral, y la ha tomado tras la advertencia de sus abogados de que podía ser irregular de cara a los compromisos con la Seguridad Social. Además, Garamendi se sube el sueldo un 9%, más que la subida anunciada para el SMI, que el mismo rechazó por desproporcionada.
Según ha podido saber ECONOMÍA DIGITAL, Garamendi es oficialmente empleado de CEOE, después de que propusiera a la junta directiva del 25 de enero pasado su propia contratación y el máximo órgano de la organización la aprobara. El motivo no era otro que asegurarse que el sueldo que percibía como presidente de la gran patronal española sea totalmente legal, después de haber ocultado en la documentación pública la relación laboral que mantenía con CEOE.
El escándalo por la remuneración del patrón de patrones saltó en octubre del año pasado, cuando Economía Digital destapó que ascendía a 300.000 euros más 50.000 más de bonos. Sin embargo, la patronal mantuvo una total opacidad sobre la forma en que el dirigente vasco cobraba de la organización empresarial. Además, ni en su portal de transparencia y ni en las cuentas anuales, Garamendi aparecía como personal contratado por la organización, por lo que se apuntaba a que estaría cobrando del organismo como autónomo y a través de facturas.
Tras la información de ECONOMÍA DIGITAL, Garamendi encargó un informe jurídico acerca de la legalidad de dicha relación comercial entre la organización y su presidente. Las conclusiones fueron taxativas: mantener una relación como autónomo de carácter mercantil en un puesto de esta dedicación y envergadura puede entrar en conflicto directo con las normas de la Seguridad Social, es decir, que su situación anterior pudo haber incurrido en alguna irregularidad.
El resultado de dicho informe, como explicó en la junta directiva del 25 de enero pasado, le dejó claro que esa no era una forma óptima de percibir una remuneración de CEOE y que la mejor manera de resolverlo era mediante un contrato laboral convencional. Y eso es lo que planteó en la reunión, su contratación, y la junta, recién nombrada un mes antes por él mismo, le dio el visto bueno.
Pero esa no fue la única sorpresa que se llevaron los empresarios y directivos que asistieron al encuentro. También se propuso la aprobación de una subida del sueldo del 9%, es decir, superior al 8% de incremento del Salario Mínimo Interprofesional, que el propio Garamendi consideraba tan desproporcionado que plantó a Yolanda Díaz y ni siquiera asistió a la reunión con la vicepresidenta y los sindicatos.
Ambas decisiones fueron aprobadas pero algunos socios de CEOE salieron de la misma tan ojipláticos como molestos por la evolución de los hechos. No solo por la subida sino también por entender que el cambio en la relación contractual entre Garamendi y la patronal supone el reconocimiento por parte del propio presidente de que hasta ahora su situación no era regular.
División en CEOE
Fuentes internas señalan que la gestión de Garamendi con el SMI, plantándose en la negociación con la vicepresidenta Yolanda Díaz y los sindicatos, no ha sido la correcta. Internamente además, señalan a este medio que la forma de tomar decisiones por parte de Garamendi no ha cambiado mucho, a pesar de las promesas llevadas a cabo.
Antonio Garamendi fue reelegido para un segundo mandato como presidente de CEOE en noviembre pasado, donde venció por goleada a su rival Virginia Guinda, empresaria papelera y vicepresidenta de Foment del Treball. Tras ganar de forma apabullante, Garamendi asumió un papel reconciliador en la patronal española, manteniendo la representación de los empresarios catalanes en la institución.