Garamendi advierte sobre vetar el traslado de Ferrovial: «Habrá más inseguridad jurídica»
Ferrovial subraya que la compañía no necesita ningún permiso del Gobierno para trasladarse a Países Bajos
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en una imagen de archivo. EFE/ Juan Carlos Hidalgo
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha advertido que un supuesto veto oficial al traslado de Ferrovial de España a Países Bajos «es la mejor manera para que haya mas inseguridad jurídica en España», durante su intervención en unas jornadas sobre finanzas y comercio electrónico organizadas por la patronal del sector financiero, Asnef.
Las declaraciones del líder de la patronal llegan después de que el presidente de Ferrovial, Rafael Del Pino, haya anunciado la marcha de la constructora una vez se fusione la matriz y Ferrovial International. Allí, la compañía solicitará la doble admisión a negociación, cotizando también en España y Estados Unidos, según comunicó ante la Comisión Nacional del Mercado (CNMV).
Ferrovial «no necesita permiso»
En esta línea se ha pronunciado el director de Comunicación saliente de Ferrovial, Juan Francisco Polo, quien ha entendido que el traslado de la compañía no necesita ningún permiso del Gobierno puesto que se enmarca en el espacio común europeo y ha señalado que el blindaje antiopas está concebido para opas por parte de empresas extranjeras, no para fusiones entre dos sociedades del mismo grupo.
En estos términos se ha expresado Polo, después de que el Gobierno haya revelado que está estudiando si puede aplicar el escudo antiopas y si el traslado requiere una autorización explícita por parte del Consejo de Ministros.
Calviño duda de los argumentos de Ferrovial
«Estamos analizando las implicaciones y todos los elementos porque las razones que se han esgrimido para explicar esta decisión no se sostienen», aseveró este lunes la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, para luego insistir en que la «información disponible y los análisis técnicos arrojan serias dudas sobre la sustancia de esos argumentos».
En este sentido, indicó que estos datos podrían apuntar hacia «una falta de compromiso con el país». Sin embargo, tras ser preguntada sobre si el traslado de la compañía podría estar motivado por una menor presión fiscal, evitó pronunciarse y ha destacó: «Estamos en una fase de valoración y análisis, no quiero especular».
La marcha, en manos de los accionistas
El traslado está sujeto a que los titulares de no más del 2,57% del capital de la compañía se opongan a esta operación. Y es que, los accionistas que rechacen el traslado podrán acogerse a su derecho de separación. En concreto, consiste en la salida del accionista del capital por su disconformidad con los acuerdos adoptados en junta a cambio de una contraprestación justa, que normalmente es el precio de cotización de la compañía, en este caso de 26,7 euros por acción.
Por detrás de Rafael del Pino, que es el accionista mayoritario con el 20,4% del capital, se sitúa María del Pino, que posee el 8,2%. Por su parte, el fondo británico TCI controla el 6,4%, mientras que Leopoldo del Pino, posee el 4,1%, y los fondos BlackRock y Lazard el 3,18% y el 3%, respectivamente.
