Freixenet se irá de Cataluña si no le gustan los resultados del 21-D
Bonet asegura que Rajoy “ha jugado limpio” en la aplicación del artículo 155, del que dice que ha salvado a Cataluña y a su empresariado
El presidente de Freixenet, José Luis Bonet, advierte de que si después de las elecciones del 21 de diciembre (21-D) no se garantiza “la estabilidad, seguridad jurídica ni la normalidad” trasladarán la sede social de la empresa fuera de Cataluña.
Bonet afirma que “se deben aceptar los resultados electorales”. No obstante, advierte de que si el próximo gobierno de la Generalitat sigue por la senda independentista, él mismo incluirá en el orden del día del consejo de administración de Freixenet que se traslade la sede social –siempre ha estado en Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona)- fuera de Cataluña.
Reconoció que, si aún no han dado este paso, ha sido por la aplicación del artículo 155 de la Constitución. En un acto de la Cambra de Começ para rendir un homenaje a Bonet con motivo de los trece años que lleva en la presidencia de Fira de Barcelona, Bonet aseguró este miércoles que el artículo 155 ha salvado a Cataluña y a su empresariado.
Insistió en que, pese a estar “demonizado”, su aplicación por parte del gobierno de Mariano Rajoy “no nos ha ido nada mal” y ha supuesto una “oportunidad” para regresar a la senda de la Constitución y del Estatuto.
Bonet mantiene que Rajoy “ha jugado limpio” con la aplicación del artículo 155: ha convocado elecciones para que el pueblo “decida”. No obstante, poco después ha reconocido que volverán a plantearse el cambio de sede social de su empresa en función de la estrategia política del próximo gobierno de la Generalitat.
Perjuicios del «procés»
El presidente del consejo de administración de Fira constató que el llamado «procés» ha supuesto graves perjuicios económicos. En su opinión, la situación es reversible, aunque dependerá de lo que pase “después” del 21-D.
También lanzó dardos contra la alcaldesa Ada Colau, aunque sin mencionar su nombre. Dijo que “los políticos deben escuchar más a los empresarios” y que no deben “estropear el modelo Barcelona basado en la colaboración público privada”.
Subrayó que la marca Barcelona “está tocada” porque se ha perdido “la confianza”. Insistió en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica. Respecto a la posibilidad cada vez más remota de que Barcelona acoja la sede de la Agencia Europea del Medicamento, dijo que “prácticamente la teníamos, ahora ya veremos”.
De las amenazas de fuga del Mobile World Congress, aseguró que su principal ejecutivo, John Hoffman, está encantado con la ciudad, aunque exige estabilidad y seguridad jurídica para mantener la feria de móviles.
De récord en récord
Desde que se refundó Fira de Barcelona en el 2000, la facturación ha pasado de los 55 millones de euros de aquel año a los 167 millones en 2016. Bonet auguró que este año se batirá otro récord histórico pese a que los meses de septiembre y octubre no han sido buenos por culpa del conflicto catalán. “En 2018 batiremos de nuevo el récord si no hacemos cosas raras”, advirtió. El impacto económico de Fira se eleva a 2.600 millones de euros anuales.
Fira de Barcelona: Bonet augura un nuevo récord si no se hacen “cosas raras” en política
Bonet está a la espera de ceder el testigo en la presidencia de Fira de Barcelona. Como presidenta del consejo general, Colau debe convocar la reunión para renovar el consejo de administración. No está claro que se celebre antes de finalizar el año. Diversas fuentes mantienen que la alcaldesa se muestra reacia a convocar el consejo general mientras este en vigor el 155.
Una de las tres patas de la Fira es la Generalitat, que está intervenida por la aplicación de este artículo de la Constitución. Cuando se le preguntó a Bonet por su sustitución, se limitó a comentar que los estatutos de Fira establecen que en diciembre se debe convocar un consejo general. No dijo nada más.
Entre los asistentes al acto se encontraba Kim Faura, su probable sucesor. El presidente de la Cambra de Comerç, Miquel Valls, propondrá a Faura como candidato a presidente después de que ni el anterior gobierno de la Generalitat ni el Ayuntamiento de Barcelona pusieran objeciones.
