El centro de estudios de CEOE ve «fraude de ley» en el nuevo impuesto a la banca 

Los catedráticos del Instituto de Estudios Económicos, el centro de estudios de la CEOE, consideran que el nuevo impuesto a la banca que quiere aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez «es potencialmente inconstitucional, muy deficiente, no está bien diseñado y vulnera elementos esenciales del Derecho Comunitario». Además, advierten que existe un posible «fraude de ley» en la tramitación de la norma, que debería haber sido como Proyecto de ley y no como Proposición de Ley.  

Así lo han destacado este lunes durante la presentación de un informe, donde se analiza si el gravamen se adecua a la Constitución y al Derecho Comunitario. En este ponen de relieve que la exposición de motivos del nuevo tributo «contiene numerosas contradicciones y algunas apreciaciones equívocas». 

Además, la exposición de motivos ocupa 2/3 partes de la Proposición de ley, por ello los expertos consideran que está mal diseñado y se aprecia «un cumulo de justificaciones o intentos de trasladar a la sociedad la necesidad de diseñar un tributo que grave los famosos beneficios extraordinarios o caídos del cielo». 

A juicio de los catedráticos del IEE, el Gobierno «está presumiendo» qué va a pasar en las entidades financieras en este contexto de subida de tipos de interés. Cuando se planteó, comentan, se dio por hecho que con las nuevas subidas, la banca ganaba automáticamente porque se mantendría la oferta y la demanda.

«Pero si la economía se desacelera, es muy posible que la demanda de crédito también lo haga», señalan. Por otra parte, los autores de este informe consideran que la definición de «beneficios extraordinarios», el elemento básico sobre el que gira el gravamen, es confusa, lo que provoca la existencia de una doble imposición con el Impuesto sobre Sociedades y podría disparar los tipos efectivos de ambas figuras hasta el 35% o el 40%. 

También creen que la medida es contradictoria porque no aplica a los bancos de fuera de España que operan aquí, lo que va en perjuicio de la competencia de nuestra banca y vulnera elementos esenciales del Derecho Comunitario. «Nos estamos especializando en dar ayudas de Estado a favor de los no residentes», aseguran.

Tampoco se aplicará a las filiales extranjeras de nuestros bancos, pero los catedráticos recuerdan que la parte dispositiva no dice nada de que estas quedan fuera del gravamen, solo se anuncia en la exposición de motivos.

Por ora parte, el Instituto de Estudios Económicos no cree que el Gobierno destine lo ingresado (3.000 millones de euros en dos años) a un fondo «virtual» solidario para reforzar el pacto de rentas. «Si la prestación patrimonial sirve para financiar el gasto público y se ingresa en el Tesoro Público, no puede hablarse de un fondo virtual».

Creen entonces que debiera regularse y establecer si esa va a ser su única fuente de financiación, o se nutrirá de otras aportaciones. Lo que en cualquier caso será un ingreso público que debe integrarse en el Presupuesto general del Estado.

Los catedráticos, que se muestran durante todo el informe muy críticos con el nuevo tributo -que se aborda este martes en el Congreso- entienden que toda la Proposición de ley es un «abuso del procedimiento legislativo» y existe fraude de ley no en la aplicación, sino en la elaboración de la eventual futura norma.

En concreto, en el procedimiento parlamentario. Pues, por esta vía, por ejemplo, se elude la fase de audiencia pública y el informe del Banco de España. Y en este contexto, el centro de estudios de la CEOE apunta a que el nuevo gravamen será revertido y las cantidades abonadas, devueltas. Pues consideran que el impuesto no es legal y difícilmente constitucional.