Franquicias al límite de la ley: intervención de precios y comisiones ocultas

Los franquiciados que han pinchado en su intento por emprender un nuevo negocio cuestionan la legalidad del modelo de franquicia en España. Aseguran que la intervención de precios de los dueños de las franquicias, la obligación de comprar a ciertos proveedores y las comisiones que las marcas cobran de sus proveedores (los polémicos rapels) atentan contra la ley de la Competencia y contra las directivas europeas.

Franquicias de los supermercados DIA, que se han puesto en pie de guerra en España, Francia, Italia y Portugal y que ya reúnen 80 establecimientos disconformes con el modelo de negocio de la empresa, han elevado la denuncia a la dirección general de la competencia de Bruselas. Los afectados alegan que la imposición de precios –algunas veces por debajo del precio de coste, según los franquiciados— atenta contra las directivas europeas de libre competencia. Antes de recurrir a Europa ya habían denunciado en España pero la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) desestimó sus argumentos.

Pero las denuncias han tenido efectos formales en DIA. La compañía de supermercados ya no utiliza términos como “Precio de Venta al Público” sino “Precio Máximo Sugerido”, según han explicado los franquiciados.

La letra de los contratos

El Presidente de la Asociación Española de Franquiciadores, con 150 marcas asociadas, asegura que los precios de venta, efectivamente, deben ser recomendados y no impuestos pero matiza que la mayoría de las franquicias trabaja con el mismo precio porque sobre esta base se han hecho los planes de explotación.

“Muchos de los franquiciados que protestan contra el modelo no se han quejado cuando las cosas fueron bien. Ahora que hay crisis económica y que las ventas bajan es que acuden a los contratos para cuestionar cosas con las que antes estaban de acuerdo, porque nadie los obligó a firmar con estas condiciones”, explica Xavier Vallhonrat, presidente de la Asociación Española de Franquiciados.

Pero los franquiciados quejosos aseguran que ningún contrato está por encima de la normativa europea. “La fijación directa o indirecta del precio es contraria a la Ley de la Competencia europea y contra el reglamento comunitario. Es perverso porque se fijan los precios sin preveer los costes y los márgenes de cada establecimiento”, explica un franquiciado de un restaurante Foster’s Hollywood que prefiere mantener su nombre en el anonimato.

Las comisiones

Otra de las polémicas en el sector tiene que ver con las comisiones ocultas que cobran algunas franquicias por los convenios exclusivos con los proveedores. Así, la marca obliga a todas las franquicias a comprar a un único proveedor, de quien recibe una comisión de venta que no está amparado en ninguna ley. Se produce la extraña relación de que el proveedor termina pagando a su cliente por gozar de exclusividad en todas las tiendas. «Al final los proveedores nos cobran más caro porque tienen que pagar una comisión del 4% a la franquicia», explica el franquiciado de Foster’s Hollywood.

Las franquicias niegan que incurran en estas prácticas pero los grandes proveedores de cerveza, panes y helados reconocen que pagan estas comisiones (conocidas popularmente como rapels) en función de la facturación global.

Con este esquema, las marcas ganan más en función de las ventas, aunque algunas veces este esquema erosione el beneficio de los franquiciados que se ven perjudicados por promociones del 50% de descuento o 2 por 1.