Francisco González (BBVA) será investigado por administración desleal en el caso Villarejo

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado investigar al expresidente del BBVA Francisco González por un nuevo delito. El empresario, que ya estaba siendo investigado por cohecho y descubrimiento y revelación de secretos, ahora también será investigado por administración desleal por utilizar recursos del banco para uso personal.

Así lo indica un auto conocido este miércoles, y recogido por Efe, sobre los encargos de la entidad a la empresa Cenyt, vinculada al excomisario José Villarejo. En concreto, el Ministerio Público se refería al empleo de los medios de la entidad para valorar la adquisición de una finca a título privado.

Sobre este punto se pronunció recientemente el que fuera director del gabinete de presidencia y actual jefe de auditoría interna del BBVA, Joaquín Gortari, quien explicó que aunque los empleados no podían hacerlo, el presidente sí estaba habilitado a ello para evitar posibles conflictos de interés.

El juez recoge los argumentos de la Fiscalía en su auto, e informa a Francisco González de su derecho a declarar nuevamente, «si lo estima oportuno», pero esta vez «sobre este nuevo delito investigado».

Imputado el responsable de comunicación del BBVA

El auto también recoge que se ha imputado al responsable de comunicación del BBVA, Paul G.Tobin, por posible encubrimiento, a instancias de Anticorrupción, que sostiene que Tobin guarda «relación estrecha con los hechos investigados» en esta pieza separada sobre los negocios del excomisario.

Además, recordaban los fiscales en su último escrito, su testimonio «no se encuentra amparado por secreto profesional alguno» y serviría para esclarecer los indicios pues «dada su posición, se evidencia un trato cercano al expresidente de la entidad», en alusión a FG (Francisco González).

Se remitían así al interrogatorio de la responsable de seguridad física, Inés Díaz Ochagavia, quien relató que crearon una carpeta en la nube para «levantar la información» que pudiera existir en la entidad sobre las contrataciones con Cenyt, a petición de Paul G.Tobin.

Ahora el juez recupera el informe de Anticorrupción y apunta que «la información de la que dispuso PwC» para elaborar el «forensic» realizado por la entidad a raíz del caso Villarejo no incluye «ni la carpeta creada por Tobin ni la relación específica de metadatos» que permitiría rastrear qué personas podían acceder a ella.

A partir de todo ello se podría constatar asimismo «si existió borrado de algún archivo, máxime cuando existen correos electrónicos con archivos adjuntos sin que consten estos últimos». Por este motivo, el magistrado cree necesaria la declaración como investigado del directivo, por posible encubrimiento de FG.

Más pruebas

Finalmente, el instructor oficia a la Policía Nacional para que acuda a la sucursal del BBVA en la que, en diciembre de 2004, se abrió la primera cuenta de Cenyt. El objetivo es que aporte diferente información como el contrato de apertura, cartulina de firmas, relación de apoderados e identificación de las personas que hayan operado con la cuenta en extracciones en metálico.

Al mismo tiempo, da traslado a la entidad para que, con pleno respeto a su derecho de defensa, se informe de una serie de extremos relacionados con la investigación, y ofrece a los empresarios supuestamente perjudicados, entre ellos el expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, que ejerciten las acciones que crean oportunas.

La Operación Trampa, novena pieza separada del caso Villarejo, gira en torno a los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco encargó al excomisario desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad que finalmente no tuvo éxito.

A mediados de 2019, el juez acordó la imputación tanto del BBVA como de Francisco González en una causa en la que figuraban como investigados otros exdirectivos del banco, como el exjefe de Seguridad Julio Corrochano, o el ex consejero delegado Ángel Cano. A ellos y a otros cargos se les investiga por presuntos delitos de cohecho activo y descubrimiento y revelación de secretos.

El magistrado considera que los trabajos encargados supuestamente por el BBVA a la empresa de Villarejo entre 2004 y 2017, supusieron una «reiterada injerencia» en los derechos de las personas «mediante el acceso a sus comunicaciones, seguimientos personales o el acceso a su documentación bancaria».