Los fondos de Celsa descartan un acuerdo con los Rubiralta y buscan un socio industrial
Los acreedores de la siderúrgica plantean vender parte de las acciones que obtengan si el juez se decanta a su favor a una compañía española del sector
Francesc Rubiralta, expresidente de Celsa, en una imagen de archivo.
Para los acreedores de Celsa ya todo está en manos del juez. Los fondos que compraron la abultada deuda de la siderúrgica catalana no creen que las negociaciones con los Rubiralta, la familia propietaria, para reestructurar su deuda acaben en buen puerto y ya se preparan para dar el siguiente paso si el juez se decanta a su favor y da luz verde a su plan de reestructuración: buscan un socio industrial.
Según fuentes conocedoras, los tenedores del pasivo de Celsa, entre los que se encuentran Deutsche Bank, SVP, Cross Ocean, Anchorage, Golden Tree, Attestor o Goldman Sachs, barajan la posibilidad de vender parte del capital que obtengan de dicho plan a una empresa industrial conocedora del sector. Por ahora, no hay nombres ni apellidos, pero estas fuentes aseguran que ya han llamado a sus puertas grandes empresas españolas del metal.
Con este movimiento, conseguirían esquivar la posibilidad de que el Gobierno active el escudo antiopas, el sistema de control de las inversiones extrajeras, por lo que no necesitarían su permiso para hacerse con el control del grupo. Los inversores fuera de la Unión Europea deben de recibir el visto bueno del Consejo de Ministros si quieren capitalizar más de un 10% de empresas estratégicas.
El Ejecutivo siempre ha apoyado a la familia fundadora y se ha mostrado contrario a la entrada de fondos oportunistas centrados en obtener rentabilidad en el capital de una compañía estratégica para la economía española. Para aplacar recelos, el supuesto socios se encargaría de la gestión diaria de Celsa, una compañía en la que los acreedores mantienen que ven potencial, y no se tocaría ni la sede ni a sus empleados.
Plan de reestructuración
A finales de setiembre los fondos internacionales que poseen el 90% de la deuda de la compañía, presentaron un plan de reestructuración al juzgado mercantil número 2 de Barcelona, estrenando un nuevo mecanismo creado con la nueva ley concursal. Su plan pasa por hacerse con la propiedad de la empresa transformando en acciones la deuda convertible del grupo, que valoraron en 1.080 millones de euros, y una parte del préstamo a largo plazo de 1.000 millones más, rebajando la deuda de la compañía en 1.291 millones de euros.
Desde entonces se han barajado varias posibilidades en busca de un punto medio, como la entrada de los fondos en el capital de la empresa, pero sin superar el 49% del capital, con lo que los Rubiralta mantendrían la propiedad de la siderúrgica. Sin embargo, los acreedores han dado carpetazo a los encuentros y restan a la espera de la decisión del juez.
Los hedge funds basan su confianza en el informe emitido por la firma Lexaudit, que ejerce de mediación entre ambas partes, reportado al juez. El documento valora el grupo catalán entre 2.400 y 2.775 millones de euros, una cifra parecida a la valoración hecha por los mismos fondos: ponen el abanico entre los 1.800 y los 2.800 millones. A su parecer, las acciones de Celsa “carecen de valor”, porque no llega a cubrir la deuda contraída con ellos, que alcanza a los 3.500 millones.
Por su parte, los Rubiralta cuentan con en un informe encargado a las firmas Lazard y AZ Capital hecho a partir de valoraciones realizadas por bancos de inversión internacionales, que cifra a su compañía en 6.000 millones de euros, para defender su continuidad al frente de la empresa. Además, el grupo quiso poner cifras al saneamiento de su compañía tras el golpe de la pandemia y adelantó recientemente los resultados de 2022: Celsa facturó 6.084 millones de euros y alcanzo un ebitda de 867 millones, dos cifras récord.
Según avanzó El Economista, la familia propietaria también estaría buscando un socio con el que pueda entenderse mejor, al que venderle parte de su deuda y convertirla en capital. Celsa depende, sin embargo, de un acuerdo con los acreedores si quiere obtener los 550 millones del rescate de la SEPI.
