Foment carga contra Colau y tilda de «fracaso estrepitoso» su política en materia de vivienda
Foment y la APCE aseguran que solo se generarán 52 viviendas protegidas por la normativa que obliga a destinar el 30% de las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones a este tipo de inmuebles
Un «fracaso estrepitoso». Así se ha referido Foment del Treball y la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE) a la normativa urbanística que obliga a destinar el 30% de las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones a vivienda protegida impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona liderado por Ada Colau.
La crítica por parte de las dos entidades se ha producido durante la presentación del informe ‘La vivienda y su importancia económica y social’, en la cual ha participado el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, y el presidente de la APCE, Xavier Vilajoana.
Sánchez Llibre insistido en la importancia de apostar por «menos regulaciones», pero «más proporcionadas y razonadas». En esta línea, Vilajoana ha afeado a los partidos políticos que «piensen más en las elecciones próximas que en las siguientes generaciones en materia de vivienda».
Paralizada la construcción de nuevas viviendas
«La medida no funciona y está paralizando la construcción de nuevas viviendas en la ciudad, así como también grandes rehabilitaciones», ha lamentado la patronal catalana a través de un comunicado.
Y es que, según pone de manifiesto el informe, entre diciembre de 2018 y julio de 2022, únicamente se han concedido 11 licencias de obra que incorporen el 30% de reserva. Lo que se ha traducido en la generación de solo 52 viviendas protegidas en la capital catalana.
Destinar más presupuesto a vivienda
La patronal catalana se ha referido a la dotación presupuestaria destinada a la vivienda, la cual ha tildado de «insuficiente para ampliar el parque de viviendas, especialmente asequibles y sociales». «El gasto público previsto para este año es de 3.300 millones de euros, con un incremento anual del 12,3% respecto el año anterior», ha recordado.
Sin embargo, teniendo en cuenta que representa el 0,7% del conjunto de partidas presupuestarias», ha considerado que la cantidad es «insuficiente para cubrir las necesidades sociales en materia de vivienda, especialmente, después de seis años consecutivos siendo la partida más baja de todas las contempladas en los presupuestos».
Según Foment, las cifras contenidas en el informe «evidencian la necesidad de una firme apuesta por la vivienda por parte de todas las administraciones».
Denuncian las políticas intervencionistas
«Las políticas intervencionistas de las administraciones, especialmente en el mercado del alquiler, han generado un efecto contraproducente sobre la oferta de vivienda en Cataluña y se están intentando extender al conjunto del Estado», ha denunciado.
Según ha criticado, este hecho «provoca que la inseguridad jurídica en el ámbito de la vivienda continúe agravándose y se paralice la construcción de una vivienda en Cataluña».
En esta línea, ha hecho hincapié en la «poca agilidad de las administraciones en la generación de nuevo suelo edificable y la concesión de licencias de obra y otros permisos».
Una problemática que no solo «afecta a la construcción de vivienda en Cataluña», sino que también «ralentiza de manera significativa la construcción de nuevas promociones, ya sean libres, asequibles o sociales, con periodos que van de los 12 a los 18 o 24 meses de retraso, dependiendo del municipio».