Florentino Pérez se salva ante el juez de las multas por la M-30

Florentino Pérez se sale con la suya en los tribunales contra el Ayuntamiento de Madrid. Su sociedad Dragados, del grupo ACS, ha vencido en el Juzgado de lo Mercantil de la capital a Madrid Calle 30 SA, la compañía controlada al 80% por el consistorio y de la que es socio a través del consorcio Emesa, junto a Ferrovial y API Conservación S.A.

Emesa es la otra compañía que, con una participación minoritaria (20%), compone Madrid Calle 30 SA, creada en 2004 para pilotar la transformación del viario de la M-30. El consorcio en el que está implicado la empresa del dueño de ACS pasó a ser el gestor del proyecto en 2005 de manera indirecta bajo la fórmula de sociedad de economía mixta.

El conflicto arranca en 2016. Ese año empiezan los problemas y se anuncia la incoación de seis expedientes contra Empresa de Mantenimiento y Explotación M30 (EMESA) por parte de Madrid Calle 30, que alegó supuestos incumplimientos de obligaciones contractuales por valor de 22 millones de euros.

Ya en 2017, en el mes de mayo, tres de los seis expedientes derivan en sanción. El consejo de administración de la sociedad mixta aprovechó que gozaba de una mayoría en el órgano de decisión, con consejeros que eran miembros del propio ayuntamiento, para penalizar a su socio privado. No hubo discusión posible: 995.000 euros de multa que se abonaron en el mes de noviembre. 

Emesa fue sancionada con casi un millón de euros en 2017

Todas las penalizaciones se dividían en tres expedientes distintos con las siguientes cantidades: 375.000, 320.000 y 300.000 euros. La primera hacía referencia a «carencias de inspección, mantenimiento e inventariado de los apoyos del bypass», la segunda a la falta de instalación de una red wifi en la totalidad del anillo y la última se relacionaba con la falta de instalación de una red de comunicación avanzada entre las instalaciones de la infraestructura y el centro de control.

El Ayuntamiento de Madrid explicó en una nota de prensa que Madrid Calle 30 SA había abonado desde el comienzo de la explotación la totalidad de la factura que le corresponde a EMESA, sin que se hubiera producido una reducción por las inversiones no ejecutadas.

Desde el año anterior, el consistorio ya aireaba los problemas con sus socios públicamente, llegando a afirmar que Madrid Calle 30, por ejemplo, pagaba anualmente a Emesa «por el mantenimiento de un sistema semafórico y por unos sensores termovelocimétricos y ópticos que no existen».

El juez declara la «nulidad radical» de las multas

Ahora, la sección 6 del Juzgado de lo Mercantil de Madrid ha concluido que estas sanciones, interpuestas durante la época de Manuela Carmena como alcaldesa, no tienen recorrido.

La sentencia consultada por este medio concluye que se debe «declarar la nulidad radical y la falta de eficacia jurídica de los acuerdos sociales adoptados (las multas) en la reunión del consejo de administración de la demandada».

El motivo que señala el juez es que «la asunción de privilegios, de poderes públicos de sanción pecuniaria, de supervisión, interpretación, ejecución y penalización» por parte de los citados administradores «supone una deslealtad en el ejercicio de su cargo». 

La justicia atiende así a la petición de los consejeros demandantes, que votaron en contra de los acuerdos sancionadores. Pedían la nulidad de los acuerdos por varios motivos: el primero, la imposición de manera abusiva de la mayoría; el segundo, ser lesivos del interés social en beneficio de uno o varios socios o terceros.

Dragados también señaló que estas sanciones se adoptaron obviando las competencias del consejo de administración de Madrid Calle 30 SA. El órgano decisorio, a juicio de Dragados, carecía de poder «para imponer sanciones en virtud de contrato a quienes pactan o contratan con ella, sean o no socios de la misma».

A esta sentencia, emitida el pasado 9 de septiembre, cabe recurso de apelación. Economía Digital se puso en contacto con el Ayuntamiento de Madrid pero al cierre de esta información no pudo recabar su opinión para saber si seguirá peleando ante la justicia.