Florentino Pérez eleva su pugna con el Gobierno: Abertis pide 5.381 millones por el fin de los peajes

El enfrentamiento entre el Gobierno y Abertis por la reversión de los peajes se recrudece. La concesionaria participada por Florentino Pérez envió en septiembre la indemnización que reclama al Estado por el fin del contrato de gestión de las autopistas. La proposición está a años luz de lo que estima la administración desde que el Ejecutivo de Mariano Rajoy revisó el acuerdo en 2017: reclama 5.381,6 millones de euros por las obras realizadas y un tráfico menor de lo esperado en la AP-7 y la AP-2.

Desde el Ministerio de Transportes explican a Economía Digital que la empresa participada por Atlantia y ACS envió «una propuesta de liquidación del saldo del compensación por importe de 5.381,60 millones de euros». La cifra es muy superior a la que había hecho pública la empresa desde hace meses, que hablaba de 4.000 millones.

Sin embargo, el departamento dirigido por Raquel Sánchez prepara en estos momentos un contrainforme para extraer su propio cálculo del saldo «que en principio no ascenderá a la cifra que reclaman» debido a que no tendrá en cuenta la caída del tráfico desde la crisis económica de 2008, tal y como aprobó el Consejo de Ministros de 2017. «No ascendería a la cifra que pretende Acesa (la filial de Abertis que gestionaba la AP-7)», zanjan las mismas fuentes.

El Gobierno solamente aceptó de forma pública el pago de 1.291 millones de euros. Así lo explicó en el Plan de Estabilidad enviado a la Comisión Europea en la primera mitad del año, por lo que la liquidación final no debería variar mucho esa cifra, que corresponde solo al coste de las obras hechas en la infraestructura.

Los 5.381,60 millones de euros que Abertis exige al Estado son incluso superiores a los 4.000 millones de los que habló Atlantia hace unas semanas en la presentación de sus cuentas trimestrales. En los documentos presentabas, la firma italiana hablaba de una reclamación de una indemnización de 1.054 millones por las obras acometidas durante la duración de la concesión a los que sumar «aproximadamente 3.000 millones» por la caída del tráfico.

El Gobierno tiene hasta el mes de febrero para presentar su propia liquidación, que no contempla la caída del tráfico

El Ministerio que dirige Raquel Sánchez explica a Economía Digital que tiene hasta seis meses para presentar su propia liquidación. Como ya advirtió este medio, el Ejecutivo apurará los tiempos y no se espera que comunique su cálculo de la indemnización hasta el mes de febrero, cuando finalizan los plazos legales.

Las estimaciones serán siempre “según los acuerdos que aprobó el Consejo de Ministros en 2017”. Fue entonces cuando, tras años de judicialización, el Gobierno que entonces presidía Mariano Rajoy optó por reinterpretar el convenio.

Una década de conflicto entre Abertis y los gobiernos

En 2006, cuando se firmó el contrato, el entonces Gobierno socialista aceptó remunerar a la concesionaria si no se alcanzaban unos volúmenes de tráfico que jamás se obtuvieron por la crisis financiera de 2008. Ya en 2011, Ana Pastor (PP), entonces ministra de Fomento, judicializó el caso para evitar el pago.

Tras años de calma tensa, el Consejo de Ministros celebrado el 3 de julio de 2017 acordó reinterpretar el convenio, no abonándose la compensación derivada de la caída de tráfico por efecto de la crisis. Abertis interpuso varios recursos. Y de aquí surge la disparidad de opiniones sobre lo que dijo el Tribunal Supremo: la compañía asegura que no se pronunció y que dejó a las partes la responsabilidad de llegar a un pacto.

No obstante, desde el Ejecutivo siempre defendieron que el Alto Tribunal desestimó todos los recursos interpuestos por la organización. “Las demandas han sido desestimadas por lo que se aplica el Acuerdo de Interpretación aprobado por el Consejo de Ministros, no abonándose la compensación derivada de la caída de tráfico por efecto de la crisis”, explicaron en repetidas ocasiones desde el Ministerio.

Con más de 2.000 millones de diferencia de partida, se abren dos escenarios: recurrir a la justicia europea una vez se agotaron los recursos en el Tribunal Supremo o sentarse a negociar. Aunque el negocio concesionario es cada vez menor en España –por lo tanto cada vez hay menos compensaciones en especies–, fuentes inmersas en el procedimiento señalan que no se descarta abrir conversaciones.

La accidentada vuelta de Florentino a los peajes

La vuelta de Florentino Pérez a las autopistas ha sido accidentada, pues ha coincidido con la cruzada del Gobierno en contra de los peajes, una piedra en el camino inesperada pero que Abertis ha sabido combatir con la internacionalización. Una pandemia que parara el tráfico era lo que le faltaba, pero ya es pasado, pues el tráfico ha vuelto a cifras de 2019.

Hay que remontarse a hace cuatro años, cuando, en plena opa de Atlantia para hacerse con la mayoría de Abertis, en ese momento en el imperio de La Caixa, el Gobierno de Mariano Rajoy fue a buscar al presidente de ACS y del Real Madrid para que fuera su caballero blanco en el gigante español de las autopistas.

ACS, a través de su filial alemana, Hochtief, contraopó Abertis. Los Benetton no tiraron la toalla pero se negaron a pujar, después de una oferta, la de Hochtief, muy alta, por lo que llegaron a un acuerdo con Florentino y compraron conjuntamente la concesionaria por un total cercano a los 16.000 millones de euros.

Ante tal desembolso, el que pasa por ser uno de los hombres de negocios más influyentes de España habría acordado con el Gobierno que no terminara con los peajes, como parecía ser la intención de la ministra de Fomento Ana Pastor.

Más allá de lo que dicen las malas lenguas, lo cierto es que el discurso de su predecesor, Íñigo de la Serna, se moderó y ya no hablaba del fin de los peajes sino de que no se renovarían automáticamente, pero no cerraba la puerta a reconcesionarlas, lo que daba a Abertis muchas opciones de mantenerlas.

Pero a mediados de 2018, cuando la opa ya era irreversible pero Atlantia, ACS y Hochtief todavía no habían tomado posesión de Abertis, Pedro Sánchez sorprendió al presentar y, sobre todo, ganar la moción de censura a Mariano Rajoy. Su política con respecto a las autopistas, y la de su ministro de Fomento, José Luis Ábalos, fue clara desde el primer día: adiós a los peajes. Nada pudo hacer Florentino Pérez para evitarlo.

Mientras tanto, Abertis, dirigida por un financiero amante de la austeridad como José Aljaro, se centraba en recortar y buscar oportunidades de inversión en el extranjero, como Estados Unidos y México. Pero a la vez, preparó para el Gobierno una cara factura que, de haber seguido los peajes, no existiría.

Contactada por Economía Digital, Abertis declinó hacer declaraciones.