Fiscalía pide una condena ejemplar para los propietarios de Damm y Pescanova

La Fiscalía Especial Contra la Corrupción ha puesto este jueves en manos del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz un escrito que significa un torpedo en la línea de flotación de la familia propietaria de Damm y segunda máxima accionista de Pescanova, entre otras empresas: los Carceller. En el texto, el ministerio detalla el entramado de sociedades y operaciones que el patriarca del clan, Demetrio Carceller Coll, usó para defraudar a la Agencia Tributaria.

“Demetrio Carceller Coll sin que conste la fecha exacta pero, cuanto menos, desde el año 1990, se ha dedicado a ocultar sus rentas y patrimonio a Hacienda”, reza el escrito de Fiscalía, al que ha tenido acceso este medio. Para conseguir su propósito, el ministerio ha identificado como “colaboradores necesarios” al actual presidente de la cervecera, Demetrio Carceller Arce; al hombre de confianza durante años de su padre, José Luis Serrano; y al asesor y gestor patrimonial de la familia, Gabriel Ignacio Petrus.

Prisión y multa para Carceller Coll

Las penas que pide Fiscalía son ejemplares. Propone para Demetrio Carceller Coll una multa de casi 214,3 millones de euros por 13 delitos contra la Hacienda Pública de 2003 a 2006; otra sanción de 96,8 millones de euros por el delito de blanqueo de capitales y a decomisar “las ganancias ilícitamente obtenidas derivadas de las cuotas defraudadas entre los ejercicios 2001 y 2002”. Una cantidad que alcanza los 19,5 millones de euros.

Por todo ello, el ministerio solicita una pena de prisión de 48 años y seis meses.

Carceller Arce, también inhabilitado

Al actual presidente de Damm, su hijo, le acusa de cuatro delitos contra la Hacienda Pública, penados con 44,5 millones de euros. Cantidad que se establece por no pagar lo que le correspondía por los impuestos de IRPF e IP entre los ejercicio 2007 y 2009. A ello se le deben añadir otros 73,3 millones de euros por un delito de blanqueo de capitales.

Para él, Fiscalía solicita una pena de prisión de 14 años y la “inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por un plazo de dos años”.

Indemnización al Estado y la Comunidad de Madrid

Anticorrupción también solicita que el patriarca del clan indemnice a la Hacienda Pública con 41,4 millones de euros en concepto de cuotas defraudadas en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas entre los ejercicios 2003 y 2009.

La Comunidad de Madrid también tendría que recibir una aportación significativa de Carceller. Concretamente, 30,9 millones de euros por las cuotas defraudadas en el Impuesto sobre el Patrimonio de los ejercicios 2003 a 2007 y en el Impuesto de Sucesiones del ejercicio 2006. Fiscalía ha detectado que Carceller Coll escondió, presuntamente, parte de los bienes heredados de su hermana, Josefina Carceller. La operación Tia Tula 2.

El resto de acusados deberán responder “solidariamente” del pago de estas cantidades “en función de su responsabilidad en cada uno de los delitos contra la Hacienda Pública que les son imputados.