Fiscalía, Hacienda y jueces de BCN contra el fraude fiscal: ejemplificar y cobrar

Ni grandes abogados, ni bufetes de postín. Cuando la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona actúa al alimón con Hacienda, la llave de judo que ejercen sobre el contribuyente es un bloqueo total. Tanto da que se trate del astro argentino del fútbol Lionel Messi como de una de las principales fortunas barcelonesas, el matrimonio Godia-Torreblanca. El objetivo de la Agencia Tributaria y de los fiscales es doble: ejemplificar ante la opinión pública con acaudalados contribuyentes y recaudar después.

En los dos últimos grandes procesos de fraude fiscal que ven los tribunales barceloneses se dan varias coincidencias. Por un lado, los defensores de los encausados son ilustres togados especializados en el derecho penal. Messi y su familia está defendido por el especialista Cristóbal Martell. A Liliana Godia y Manel Torreblanca los asesora otro penalista: José Ángel González Franco.

Penalistas en vez de fiscalistas

Ambos contribuyentes han acudido a los más reputados letrados del momento. Pero, curiosamente, no se asesoran con un especialista en derecho tributario, sino con alguien ducho en los vericuetos de la jurisdicción penal.

¿Qué razones existen para que los abogados expertos en fiscalidad no sean los protagonistas de denuncias y procesos en los que se dirimen discrepancias tributarias? En primer lugar, el temor de los procesados a que lo que ha sido un comportamiento insolidario con la Hacienda Pública alcance consecuencias penales de mayor enjundia con el Código Penal en la mano. “No son criminales, tienen discrepancias sobre asuntos de impuestos”, asegura uno de los letrados que trabaja en estos casos.

Cuatro casos emblemáticos

El equipo del fiscal Francisco Bañeras ha sido solicito en los últimos meses en materia fiscal. Primero fueron los asuntos contra Emilio Cuatrecasas, propietario del mayor bufete de abogados de Barcelona, al que se le imputaban presuntos delitos fiscales. Luego llegó el caso de la familia Carulla: los propietarios de Agrolimen habían realizados movimientos accionariales que Hacienda considera deberían tributar en España y no en los países a los que finalmente llegaron y donde, paradójicamente, la fiscalidad es más laxa o próxima a lo que se considera un paraíso fiscal.

“Hacienda no quiere criminalizar, sólo ejemplificar y recaudar”, asegura un magistrado barcelonés implicado en la resolución de estos asuntos. “Si las defensas pagan tan deprisa es porque saben que ni fiscales ni abogados del Estado están para encerrar a nadie en la prisión, sino para conseguir objetivos para la colectividad”, prosigue.

En busca del pacto judicial

En síntesis, que Liliana Godia y su esposo Manel Torreblanca hayan abonado a principios de agosto 5,4 millones de euros en el juzgado que lleva su caso sólo tiene un objetivo: que el juez fuerce un acuerdo entre las partes y que se exima de responsabilidad a la hija del empresario Paco Godia. Y, no menos importante, evitar las acciones para conjugar la responsabilidad civil.

“El juez puede decretar el embargo de bienes para atender esa responsabilidad. Si se consigna el importe en el juzgado, ningún magistrado va a bloquear los bienes del encausado”, relata José María Fernández Seijo, titular de uno de los juzgados mercantiles barceloneses.

Así lo infería también el escrito que González Franco introdujo en el juzgado junto a la consignación de la cantidad que Hacienda considera defraudada por los accionistas de Abertis. “Liliana no tiene ninguna responsabilidad –repite el letrado con insistencia—y su marido sólo por delegación, por no haber contratado a los mejores asesores tributarios. Pero al final sólo estamos hablando de diferencias de criterio con la consignación de ingresos y gastos”. Peor suerte puede correr Francisco Javier Amat asesor histórico de los Godia y sobre quien parecía recaer la estrategia del grupo familiar y empresarial.

Delimitar las responsabilidades

El padre del futbolista del Barça también ha querido, con la misma intención jurídica, descargar de responsabilidades a su hijo. Y, en consecuencia, propiciar un acuerdo similar. Los Messi han pagado los cinco millones de euros que Hacienda les reclama y el caso adoptará un nuevo rumbo, el del pacto entre las partes.

Las iniciativas de la Fiscalía de Delitos Económicos han conseguido con estos dos contribuyentes recaudar algo más de 10 millones de euros para Hacienda, con quien mantiene una estrategia coordinada. “Primero la pena de Telediario, ejemplarizante, y después el cobro”, señalan fuentes próximas al ministerio público. Más complejo resultan de resolver los casos Cuatrecasas y Carulla. Ambos han batallado judicialmente, pero no han conseguido todavía dar carpetazo. La Fiscalía ha decidido que esas cuestiones son capitales para su estrategia y mantiene la presión sobre ambos contribuyentes.