Fira de BCN, agitada por Spanair

Fira de Barcelona es una institución de titularidad pública con un modelo de gestión empresarial autónoma. Esa condición de entidad vinculada al sector público es lo que ha despertado la preocupación de una parte de su consejo de administración al conocerse la imputación judicial del director general, Agustí Cordón, y de otro integrante del máximo órgano de gobierno, el empresario Miquel Martí.

La imputación de Cordón y Martí se ha producido tras una denuncia de los empleados de Spanair. El juez recibió las quejas del colectivo por el impago de un seguro (contratado con la aseguradora Mapfre) que cubría la posible retirada de licencias profesionales a pilotos y tripulantes de cabina. Fuentes judiciales señalaron que la gravedad de la denuncia estriba en la tipificación delictiva de esa acción, que equivale a la apropiación indebida.

A la par que los dos representantes de Fira de Barcelona han sido imputados por su participación en el consejo de Spanair y por las presuntas irregularidades cometidas en ese órgano, los consejeros han señalado a Economía Digital que la cuestión quedó resuelta al abonarse, del bolsillo propio, la póliza del seguro con Mapfre. La compañía habría aceptado cobrar fuera de plazo y reactivar el seguro a sus condiciones anteriores, siempre según las mismas fuentes.

Dictámentes jurídicos

El debate abierto en Fira de Barcelona se sitúa, sin embargo, en otro plano. ¿Deben dimitir los imputados para evitar que la institución ferial quede señalada en el proceso judicial de la aerolínea? Algunos miembros de la entidad han solicitado al secretario del consejo de administración que preside Josep Lluís Bonet informes jurídicos sobre cuál debe ser la actuación. El letrado Ignasi Toda, que da fe de las reuniones del consejo además de orientar la actuación de la asesoría jurídica, todavía no ha emitido sus dictámenes.

Varios miembros del consejo consideran que, si la institución es un ente público, ante una imputación como la que se ha producido debería producirse la dimisión fulminante de Cordón y de Martí. Hasta la fecha existen dos precedentes en sentido contrario. Uno, data de hace exactamente 10 años, cuando el constructor Josep Blanchart dimitió del consejo de la Fira al ser investigado por un presunto delito fiscal derivado de la venta de una de sus empresas. En el momento de la dimisión, Blanchart no había sido todavía imputado.

Blanchart dimitió, pero Figueras siguió

Otro caso lo protagonizó el promotor inmobiliario Bruno Figueras, que además presidía el consejo de Construmat. Pese a hallarse bajo sospecha judicial, continuó en la institución hasta que se produjo una condena en su contra.

En cualquier caso, el consejo de administración de la feria barcelonesa se halla en estos momentos aletargado. El pasado septiembre se debería haber producido el relevo de algunos miembros de su órgano de gobierno, pero esa decisión ha quedado pospuesta unos meses. Todas las fuentes consultadas señalan que no habrá ninguna decisión en ese sentido hasta después de que se celebren las elecciones autonómicas del 25 de noviembre.

Relevo presidencial

Al hilo de esos cambios pendientes se preveía la incorporación de nuevas figuras empresariales en el consejo de administración de la feria que podrían implicar un relevo de más nivel, el del actual presidente. La sustitución de Bonet en la cúpula de Fira es ya un hecho que se da por descontado por la mayoría de consejeros, aunque en apariencia todos defienden su continuidad en el cargo.

Otro de los elementos que ha dilatado ese proceso es la diversidad de opiniones que existe entre la presidencia de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona con respecto al modelo de futuro y quién será su máximo gestor más inmediato.