El fin de los peajes, nueva oportunidad de Abertis para reclamar 4.000M al Estado
El Estado debe indemnizar a la empresa con 1.290M por el fin de la concesión de la AP-7, pero esta cantidad puede triplicarse por las obras extraordinarias realizadas y por el convenio de compensación firmado con el Ministerio de Fomento en 2006
El fin de los peajes a partir de este miércoles puede salirle caro al Estado. Según queda establecido en el Plan de Estabilidad que Moncloa mandó a Bruselas y según el convenio que se firmó entre Abertis y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006, el Estado debe indemnizar a la empresa con 1.290 millones de euros por el fin de la concesión de la AP-7. Sin embargo, la compañía podría reclamarle hasta 4.000, según informaron fuentes del sector a Economía Digital.
Durante 15 años, Abertis ha operado tanto en esta autopista como en la AP-2 a través de su filial Acesa. Y ahora podría reivindicar esta cantidad por las obras extraordinarias realizadas y por el convenio de compensación de tráfico que firmó con el Ministerio de Fomento en 2006.
En el contrato de 2006 quedó establecido que la firma presidida por Marcelino Fernández, que pertenece al Grupo ACS y la italiana Atlantia, ampliaba las vías y las mejoraba en la autopista del Mediterráneo confiando en que aumentaría el tráfico e incluso aplicó descuentos a los peajes.
El Gobierno debe compensar a Abertis por el fin de la concesión
No obstante, en el caso de que el tráfico no subiera, se introdujo una cláusula por la que en Gobierno debería compensaría a la empresa al finalizar la concesión. Y así ha ocurrido. Hacienda tendrá que pagar a la concesionaria, lo que provocará un aumento del déficit público en 2021.
Abertis invirtió 558 millones en la construcción de 123 kilómetros de carriles adicionales en Girona y Tarragona. A cambio, el Estado asumió el riesgo tráfico en esa vía hasta el final de la concesión de Acesa.
Así, se creó una cuenta de compensación en la que quedaba reflejada esta inversión y se sumaba o restaba la diferencia de ingresos entre el tráfico real y el fijado en el convenio. El trato era que si el 31 de agosto de 2021 resultaba una cifra favorable a la compañía se le devolvería el dinero.
El problema reside en que se pensó que el tráfico adicional compensaría esta inversión. Pero en 2008 llegó la crisis financiera y económica y el número de usuarios cayó, activando así este mecanismo de compensación.
La factura de Abertis ascendía hasta los 3.825M en 2020
En 2020 la factura por obras adicionales ascendía hasta los 1.010 millones. No obstante, según informó Economía Digital, Abertis anunció el pasado mes de mayo que reclamaría 2.815 millones más al Gobierno por la AP-7 e incluso se abrió a negociar.
La compañía justificó el negocio perdido por la apertura de vías paralelas gratuitas, como el desdoblamiento de la N-II y la CN-340 y la implantación de bonificaciones pedidas por el Ministerio.
En total, la factura asciende hasta los 3.825 millones. No obstante, puede haber subido en lo que llevamos de 2021, según lo indicado en el convenio de compensación. De esta forma, tal y como advirtieron los expertos a este diario, la reclamación de Abertis ya superaría los 4.000 millones.