Ficosa hipoteca su gran centro para pagar las multas de Hacienda

La compra de la fábrica de Sony en 2010 sigue dando dolores de cabeza a Ficosa. El fabricante de componentes de automoción debe hacer frente a una sanción de 50 millones de euros; un pago que ha logrado suspender a cambio de entregar el activo adquirido.

Como ya explicó Economía Digital, Hacienda realizaba inspecciones desde hace años a la empresa que dirige Xavier Pujol por las liquidaciones del Impuesto de Sociedades de los años 2010, 2011 y 2012. Si la estimación realizada en un primer momento era que el golpe alcanzaría los 45 millones de euros, la cantidad exigida finalmente es de 50 millones de euros, el equivalente a la mitad de la inversión anual que realiza la sociedad.

Para no hacer frente al pago, Ficosa logró que la Agencia Tributaria aceptase la hipoteca sobre el inmueble, ubicado en Viladecavalls (Barcelona). Mientras, fuentes de la compañía explican que se han realizado “las apelaciones necesarias” ante el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) al estar en desacuerdo con la sanción.

Actualmente, el organismo sopesa “los argumentos de fondo y forma que la sociedad considera fundamentados por sí solos para revertir el fallo inicialmente desfavorable de la Administración. Sin embargo, las mismas voces no precisaron cuando estiman que se obtendrá una resolución definitiva.

Para hacerse una idea sobre el impacto de la sanción, las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil (2018) revelan que la empresa ganó 17,6 millones y facturó 1.191 millones frente a unas ganancias de 20,3 millones y unas ventas de 1.201 millones en el ejercicio precedente. El descenso llegó motivado por la fortaleza del euro frente a las monedas latinoamericanas y un incremento de las inversiones, que alcanzaron los 100 millones.

Para 2019 está previsto que las cifras se repitan y no será hasta este 2020 cuando los números mejoren, una vez asentados los nuevos productos desarrollados durante los últimos años.

El turbulento pasado de Ficosa

La compañía de piezas de automóviles nació en 1949 de la mano de Josep Pujol y Josep María Tarragó, suegro y yerno. No obstante, la sucesión fue complicada y tras la muerte de Tarragó, en 2009, la rama de los Pujol ganó peso en la gestión. El desencadenante de la crisis: el despido de Josep María Tarragó hijo, entonces vicepresidente, en 2011.

La salida acabó en los tribunales y Xavier Pujol, primo de despedido, fue acusado de falso testimonio. Apartados del mando pero con el 44% del capital, los Tarragó sacaron los trapos sucios de la empresa para airear su precaria situación económica. En 2012 ya advirtieron de la necesidad de un socio y una inyección de capital de entre 50 y 100 millones para pagar la deuda acumulada.

Antes, la Generalitat ya había servido de balón de oxígeno cuando, en 2009, el Institut Català de Finances le concedió un préstamo participativo de 20 millones que no convirtió en acciones a pesar de no ser devuelto. Hubo más: pocos años más tarde fueron 50 millones los prestados. Tampoco se retornaron. Así, en 2015, la institución catalana entró al capital con una participación del 20%.

De este modo, el gobierno (20%) y los Pujol (31%) encontraron en Panasonic (49%) el aliado ideal para despedirse de los Tarragó. La firma japonesa tardó apenas dos años en hacerse con el porcentaje de la Generalitat para hacerse con el control total de Ficosa.