Ferrovial examina su relación con el Gobierno con la renovación de su negocio de 160 millones con Adif

El gestor ferroviario abre dos concursos para licitar el mantenimiento de las vías de alta velocidad en los ejes sud y noroeste, un servicio que actualmente opera en su mayoría la constructora de los Del Pino

Junta de accionistas de Ferrovial. EFE

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El cambio de sede de Ferrovial a Países Bajos ha abierto una brecha en su relación con el Gobierno de España. La compañía nutre gran parte de su negocio con concursos de obras y mantenimiento que lanzan las administraciones públicas, siendo las empresas vinculadas con el Estado las que han generado las licitaciones más jugosas para la constructora en los últimos años.

En este contexto, Adif ha abierto esta semana dos licitaciones para renovar al mantenimiento de la infraestructura y de las vías de alta velocidad en los ejes sud y noreste, por casi 300 millones, que podría simbolizar una reconciliación o un hundimiento de dicha fisura con el ejecutivo. De hecho, son los primeros contratos públicos que pueden hacer salivar a Ferrovial desde que anunció su partida, ya que, actualmente, se encarga de operar una buena parte de este servicio. Junto a tres empresas más, en 2019 se llevó dos contratos que suman 161 millones de euros.

Las licitaciones vigentes se remontan cuatro años atrás, cuando el gestor ferroviario abrió dos concursos de dos lotes cada uno con 250 millones de euros en juego para el mantenimiento de la infraestructura, la vía y los aparatos de vía de las líneas de alta velocidad en estos ejes. Para ambos concursos, la empresa de los Del Pino se presentó junto a Azvi, Contratas y Ventas y Guinovart en una Unión Temporal de Empresas (UTE), según la plataforma de contratación pública del Estado.

Al final, la UTE consiguió un lote para gestionar el mantenimiento de las vías en el eje sud, que va de Madrid a Granada, en su tramo andaluz, con base en los municipios de Hornachuelos (Córdoba) y Antequera (Málaga), por el que se llevó 42 millones de euros . En el eje noreste, que va de la capital española hasta la frontera con Francia, pasando por Barcelona, ganaron la totalidad de la licitación, tras ofrecer la mejor «relación calidad-precio», según la resolución de la licitación, ofertando el servicio por 119 millones. Ferrovial tiene un 25% de esta sociedad, por lo que ingresó alrededor de 40 millones, 33 millones sin contar el IVA.

Casi 300 millones en juego

Ambos contratos tenían una vigencia de cuatro años, por lo que Adif ha empezado los trámites para renovarlos. Esta misma semana ha publicado los pliegues de ambos proyectos, que suman casi 300 millones de euros. El mantenimiento de las vías por el sud del país pone en juego tres lotes por casi 145 millones de euros, mientras que el eje que atraviesa Aragón y Cataluña tiene un presupuesto total de 151 millones de euros divididos en dos lotes.

Preguntados por Economía Digital, al cierre de esta edición, desde Ferrovial no han aclarado si se presentarán, o no, a dicho concurso. Sin embargo, se trata de unos servicios que ahora mismo tiene en cartera, por lo que no sería de extrañar que volviera a buscar aliados para operarlo junto a otras empresas del sector. No hace tanto, en verano de 2021, se le adjudicó, también, el mantenimiento de las vías de la red convencional por 252 millones en una UTE configurada con Tecsa Empresa Constructora, Copasa, Contratas y Servicios Ferroviarios, y Comsa.

En ambos casos, las actuaciones del ganador de la licitación se enfocarán al mantenimiento preventivo, destinado a garantizar indicadores óptimos de estado y prestación de servicio de la línea, así como al correctivo, en caso de incidencia. Tendrán una duración de cuatro años, prorrogable uno más, y se materializará al concluir la vigencia del contrato con el que se han realizado estos trabajos en los últimos años.

El Gobierno estudia acciones contra Ferrovial

El Gobierno de PSOE y Podemos estudia la manera de frenar la salida de Ferrovial y también ha barajado, y lo ha hecho públicamente, represalias que podrían ser disuasorias para otras compañías que puedan querer seguir el camino del grupo que dirige Ignacio Madridejos.

Una de las medidas contra Ferrovial que algunas ministras, sobre todo de Podemos, han puesto sobre la mesa es apartarla de los concursos públicos. Se desconoce cómo se haría pues solo lo han planteado como idea, quizá premiando con más puntos a las empresas de matriz española, pero si el Gobierno lo contempla, no se observa en el concurso de Adif. Otra represalia ondeada por las ministras moradas es que devuelvan ayudas como las de los ERTE.

Nadia Calviño. EFE/Fernando Alvarado

La principal vía en la que trabaja el Ejecutivo de Pedro Sánchez es en los aspectos técnicos del traslado de sede social a Países Bajos, que se hará mediante una fusión inversa con la filial neerlandesa. Nadia Calviño y su equipo, junto con la CNMV, analizan los argumentos y detalles de la operación, que según la vicepresidenta primera y ministra de Economía, «arrojan serias dudas» y «no se sostienen».

Por la parte socialista del Gobierno también han lanzado la opción de aplicar el escudo antiopas, que protege a las empresas estratégicas españolas ante ofertas de empresas o fondos extranjeros. Fue la vicepresidenta Teresa Ribera quien lo dejó caer en una entrevista, pero Calviño no tiene esta opción sobre su mesa. Los abogados dudan de que sea válido, pues Ferrovial no es objeto de una opa sino que se trata de una operación intragrupo.

Ferrovial liquida a los inversores en seis minutos

Mientras tanto, la compañía que preside Rafael del Pino sigue trabajando en el traslado, que espera que sea efectivo en mayo para estar cotizando en Amsterdam en junio. Ferrovial explicó los timings y argumentos a los inversores este jueves, en una extraña y breve conferencia de poco más de seis minutos con cuatro páginas de Power Point en la que no aceptó preguntas.

Ni una palabra ni para el escudo antiopas ni para las reticencias del Gobierno -ventajas de no aceptar preguntas-, aunque el martes ya aseguró que no le aplica y no pedirán permiso y los tiempos que se ha marcado confirman que no lo solicitarán, pues de hacerlo tendrían que sumar seis meses.

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Xavier Alegret

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