Ferrovial multiplicó por 175 cada euro pagado a Convergència

“Ferrovial-Agroman efectuó cuantiosos pagos con la finalidad de garantizarse un caudal relevante de adjudicaciones por parte (•••) de la Generalitat de Catalunya u organismos públicos locales regidos por responsables de Convergència Democràtica de Catalunya”.

El fiscal de Anticorrupción Emilio Sánchez aporta, en las diligencias sobre el caso Palau, la relación de los pagos detectados, durante cuatro años de investigación, así como las obras facilitadas por la Administración de Jordi Pujol.

En concreto, el partido nacionalista que hoy dirige Artur Mas cobró comisiones ilegales, según Sánchez, tasadas en 6.607.605,58 millones de euros. Al menos la mitad, unos 3,3 millones se abonaron en efectivo. El “caudal relevante de adjudicaciones” se concreta en una cifra que multiplica por 175 las aportaciones ilegales a la órbita de Convergència. [Descargar el informe de la fiscalía]

Concursos en duda

La constructora que preside Rafael del Pino facturó 1.160,31 millones en diez años. Las obras asignadas a dedo según el informe final de Anticorrupción son las siguientes:

El revestimiento de la acequia Bellet en el margen izquierdo del Ebro. La empresa pública Regs de Catalunya la asignó a Ferrovial por 2,63 millones de euros en noviembre de 2000.

La construcción de la línea 9 del metro de Barcelona. El gobierno catalán aprobó un presupuesto conjunto de 2.350 millones de euros. Dada la magnitud de la obra, se dividió en varios tramos. Ferrovial concurrió en el seno de una unión temporal de empresas (UTE) de la que posee el 20%. Logró nueve de los 30 tramos de proyecto por un valor de 890 millones. La adjudicación se produjo en 2001 y se prolongó hasta 2010.

Recoder, salpicado

Otra obra emblemática, la Ciudad de la Justicia de Barcelona y l’Hospitalet también fue objeto de adjudicaciones dudosas. El contrato de construcción, mantenimiento y explotación lo firmó la propia Generalitat el 22 de julio de 2003 por 263 millones de euros. La contraprestación del gobierno autonómico para la duración de la concesión (35 años) asciende a 486,9 millones de euros.

Además de la Generalitat, participaron en la trama otras instituciones como el Ayuntamiento de Sant Cugat, gobernado por Convergència. Las sospechas del fiscal apuntan al mandato de Lluís Recoder, que gobernaba la ciudad. Ferrovial ganó un contrato de 4,1 millones de euros en 2002 para construir un pabellón en la rambla del Celler. Tras dejar el consistorio, el ex alcalde del municipio barcelonés fue conseller de Territori en el primer gobierno de Artur Mas. Adjudicó ATLL a Acciona.

Comisiones

El informe del fiscal Sánchez dice textualmente que la comisión ilícita “consistía, por regla general, en el 4% del importe de las adjudicaciones, del cual un 2,5% se asignaba a Convergència y un 1,5% a retribuir los interesados oficios de los intermediarios [Fèlix] Millet y [Jordi] Montull”.

La justicia estrecha el cerco también a dos directivos de Ferrovial. Pedro Buenaventura, responsable de la constructora en Catalunya hasta el 2000 y director general de Construcción del grupo hasta 2006, y Juan Elizaga, director de Relaciones Institucionales. Ambos están imputados.

La operativa

La trama lo tenía todo calculado, según la investigación. De este modo, el pago de las comisiones “se fraccionaba en el tiempo”. El abono en diferido tenía su explicación no sólo en el “elevado importe”, sino como garantía de la durabilidad del pacto. El aplazamiento proporcionaba seguridad a Ferrovial para que Convergència cumpliera en la renovación de las adjudicaciones o “para obtener otras nuevas”.

“El disimulo requerido por los pagos ilícitos se obtuvo a través de la utilización de la estructura jurídica y financiera del Palau”, sostiene el fiscal Emilio Sánchez.

Ferrovial se defiende

En una nota, el grupo constructor responde al fiscal que «Ferrovial Agroman reitera que sus relaciones con el Palau de la Música han correspondido únicamente y exclusivamente a una relación de patrocinio, tal y como ha acreditado en el juzgado».