Ferrovial avanza con su calendario pese al recelo del Gobierno
El Ejecutivo central ha advertido a la compañÃa de Rafael del Pino que mirará con detalle "la letra pequeña" del movimiento
El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino. EFE
El traslado de la sede de Ferrovial a PaÃses Bajos sigue su curso para cumplir el calendario previsto a pesar del fuerte rechazo que ha generado en el seno del Gobierno, que pide a la empresa que recule en su decisión y a la que advierte de que mirará con detalle «la letra pequeña» de este movimiento.
Más de una semana después de que Ferrovial anunciara al mercado este inesperado cambio, siguen siendo constantes las crÃticas vertidas por el Gobierno a un traslado que, en su opinión, se justifica por parte de la empresa con unos argumentos «que no se sostienen«, ha insistido en varias ocasiones la ministra de EconomÃa, Nadia Calviño.
El Ejecutivo ya ha avanzado que está estudiando si se puede aplicar el escudo antiopas y si este traslado requiere una autorización explÃcita por parte del Consejo de Ministros para garantizar los intereses del paÃs.
La respuesta de Ferrovial es clara, tal y como le trasladan sus asesores, este movimiento no necesita ningún permiso gubernamental puesto que se enmarca en el espacio común europeo y el blindaje antiopas al que alude el Gobierno está concebido para opas por parte de empresas extranjeras, no para fusiones entre dos sociedades del mismo grupo.
De hecho, ya ha convocado para el 13 de abril la junta ordinaria de accionistas que deberá dar luz verde a la fusión inversa por la que la matriz del grupo será una sociedad con sede en PaÃses Bajos y espera que tenga efectos a partir del 14 de mayo.
La CNMV opina
Esta misma semana ha opinado también el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, que ha señalado que las empresas españolas pueden salir a cotizar a otros mercados, como el de EE.UU, sin necesidad de trasladar su sede como va a hacer Ferrovial.
Ha asegurado que ni la CNMV ni BME estaban enteradas de los planes de Ferrovial de hacer un «listing» en la bolsa estadounidense y que si entendÃan que el mecanismo actual no ofrecÃa tantas facilidades para este salto han perdido una ocasión fantástica de hacer llegar sus planteamientos en el marco del proceso de consulta pública de la Ley del Mercado de Valores, abierto desde mayo.
No obstante, sà ha reconocido que es posible que la conexión del sistema español y estadounidense de forma más directa que lo que suponen hoy por hoy los ADR requiera algunos ajustes, no necesariamente legislativos.
La compañÃa defiende la seguridad jurÃdica española
La compañÃa ha querido dejar claro que el ordenamiento jurÃdico español y la estabilidad que ofrece España «está a la altura de los mejores del mundo y de Europa». Entre los puntos fuertes de PaÃses Bajos, citó precisamente la estabilidad regulatoria que ofrecÃa, su rating y su puente para dar el salto a la bolsa estadounidense.
Desde el Ejecutivo interpretan las recientes declaraciones de la compañÃa como una rectificación y consideran que a los empresarios de este paÃs les va muy bien con este Gobierno.
Los empresarios piden respeto al Gobierno
El Instituto de la Empresa Familiar y sus dieciocho asociaciones, que representan más de 1.500 empresas, dos millones de empleados y una facturación que equivale al 28 % del PIB español, han pedido al Gobierno que no descalifique a empresas y empresarios por decisiones adoptadas en el ejercicio de su libertad empresarial.
Tras las declaraciones vertidas en los últimos dÃas contra Ferrovial y su presidente, Rafael del Pino, ven «imprescindible» recomponer un clima de respeto y subrayan que todos, pero particularmente el Gobierno, deben considerarlas y tratarlas como una parte esencial e imprescindible de España.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha vuelto a insistir en que un supuesto veto oficial a este traslado social «es la mejor manera para que haya mas inseguridad jurÃdica en España», mientras que el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, también ha señalado esta semana que no cree que se deban de analizar las decisiones empresariales con criterios polÃticos.
