EY avisó hace un año a Celsa del riesgo de no refinanciar la deuda con los fondos
La auditora alertó a la siderúrgica de una “incertidumbre” si no alcanzaba un acuerdo con sus acreedores poco antes de que los fondos se acogieran a la nueva ley concursal
Una imagen de la planta de Celsa en Castellbisbal (Barcelona).
Hace justo un año, antes de que los fondos de inversión presentaran un plan de reestructuración y poco antes de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) diera luz verde a su rescate, Ernst & Young (EY) ya alertó a los Rubiralta, la familia propietaria, del riesgo que suponía para la continuidad de Celsa su abultada deuda. La auditora avisó a los propietarios de la compañía en mayo de 2022 de la “incertidumbre material” que podía “condicionar significativamente” la capacidad de la empresa para “continuar operando” en un futuro, si no alcanzaba un acuerdo con sus acreedores para reordenar su pasivo financiero.
Barna Steel, la sociedad dominante del Grupo Celsa, ha reportado al Registro Mercantil las cuentas anuales del año 2021, acompañadas de una auditoria con salvedades elaborada por la big four. En el documento, EY expresaba como la reordenación de la deuda de la empresa podría resultar en una situación patrimonial y financiera “sustancialmente distinta a la reflejada” en las mencionadas cuentas.
En ese momento, la consultora avisó que, a falta de términos concretos sobre los cuales refinanciar la deuda, la compañía restaba en “una incertidumbre material que podría condicionar significativamente la capacidad de la sociedad para poder continuar operando bajo el principio de empresa en funcionamiento”, dictaminó EY.
El principio de empresa en funcionamiento es una norma contable que asume que una sociedad continuará con su actividad en un futuro cercano. En la memoria del año 2021, Celsa aseguró que llegaría a un acuerdo con los acreedores “en los próximos meses”, por lo que redactó las cuentas bajo dicho principio, siempre según la consultora.
Inicio del proceso judicial
En ese momento, Celsa salía de un 2020 marcado por la pandemia que le hizo perder 364 millones de euros, por lo que su principal objetivo pasaba por convencer a la SEPI de que le otorgara este rescate. Las operaciones de la empresa han avanzado positivamente en estos dos años y ya ha superado el bache de la pandemia.
Cuando EY elaboró este documento, la nueva Ley concursal donde se plantea el procedimiento judicial impulsado por los acreedores de Celsa, ni siquiera estaba aprobada y las partes seguían discutiendo como reestructurar la deuda. A finales de setiembre de 2022, el consorcio de fondos entre los que se encuentran Deutsche Bank, SVP y Cross Ocea estrenó dicha normativa y plateó al juzgado mercantil número 2 de Barcelona un plan de reestructuración para convertirse en accionistas de la empresa a cambio de recortar su endeudamiento en casi 1.300 millones de euros, lo que a efectos prácticos les convertiría en los nuevos propietarios de las empresas.
Tras medio año de negociaciones que no llegaron a buen puerto, los acreedores ratificaron prácticamente el mismo plan ante el juez, después que el experto independiente, Lexaudit, presentara un informe donde valoraba a Celsa en 2.800 millones de euros, una cifra inferior a la de su deuda. La semana pasada cerró el plazo para que tanto los Rubiralta como el resto de los acreedores de la compañía con sede en Castellbisbal (Barcelona) ajenos al proceso presentaran enmiendas a la reestructuración, por lo que ahora todo queda en manos del juez. La previsión es que a finales de mes se celebren las vistas y que la resolución final llegue antes de agosto.
Celsa no ha publicado sus cuentas de 2022, pero adelantó que el ejercicio pasado registró cifras récord. La siderúrgica obtuvo unas ventas por valor de 6.084 millones de euros y un resultado bruto de 867 millones, unos incrementos del 15% y del 29% respectivamente en comparación con los datos de 2021. Por su parte, los propietarios valoran la empresa en más de 6.000 millones de euros.
El conglomerado de inversores coordinados por el banco americano Houlihan Lokey ya baraja opciones para evitar el escudo antiopas, si el juez se decanta en su favor y el Gobierno decide activarlo, en considerar Celsa una empresa estratégica. Todo depondrá de cómo se acabe repartiendo el capital, dado que algunos de los acreedores pertenecen a la Unión Europea, por lo que se encontrarían con menos restricciones. En paralelo, los fondos continúan barajando la posibilidad de buscar un socio industrial que se encargue de la gestión de la compañía.
