Expertos critican la falta de implicación pública con la factura electrónica

Desde hoy, la factura electrónica deja de ser una opción para convertirse en un requisito obligatorio para los proveedores de la Administración pública.

Entra en vigor la ley 25/2013 que obliga a pequeñas, medianas y grandes empresas que trabajan con el sector público a digitalizar el documento con valor tributario. Un nuevo requisito con el que el Gobierno pretende mejorar la gestión, luchar contra el fraude debido al mayor control y erradicar la morosidad.

Los expertos aseguran que la mayoría de los proveedores están preparados para utilizar la e-factura, pero también reconocen que la Administración pública no ha estado a la altura del cambio porque a nivel central, autonómico y local no van al mismo ritmo.

Diferentes versiones que complican la emisión de facturas

«Hay más dispersión de la esperada», considera el presidente de la comisión de factura electrónica de Ametic –la nueva patronal española de la electrónica, las tecnologías de la información, las telecomunicaciones y los contenidos digitales–, Alberto Redondo.

Este experto es también el director de marketing de Seres para Iberia y Latinoamérica. Una empresa de intercambio electrónico que sostiene en su último informe sobre la implementación de la e-factura que «falta de una mayor implicación y conocimiento de toda la Administración, no sólo de la Administración General del Estado, en difundir el cambio que abarque toda España».

Limitar la conectividad con las administraciones

Cada Administración (central, autonómica y local) debe habilitar el portal en el que poder emitir las facturas. Pero algunas, como la de País Vasco, La Rioja o la Junta de Castilla y León, han creado sus propias versiones. Particularidades que impiden replicar y aprovechar los sistemas. Y, en muchos casos, esas particularidades no están publicadas de forma clara y abierta en las webs.

«En algunos proyectos en marcha empiezan a surgir la limitación para facilitar la conectividad en algunos proyectos de las administraciones que hacen necesario un sobreesfuerzo de todas las empresas y operadores de facturación», incide el estudio. Y eso también tiene un coste económico.

El papel del sector privado para informar

Redondo asegura que esta crítica se le hace a la Administración desde 2013, y sostiene que en los congresos que ha desarrollado en los últimos meses para explicar el cambio, ha constatado que «la desinformación es evidente».

Además, el experto asegura que la Administración se ha limitado a decir que a partir de tal fecha es obligatorio y que ha sido, sobre todo, el esfuerzo del sector privado el que ha permitido que los empresarios estén ahora preparados para el cambio. Aunque también reconoce que no es fácil abarcar el 100% de las empresas y entes.

Más interés por las jornadas de información

Las prisas de última hora por conocer las bondades y las obligaciones de la nueva ley también se percibe en los cursos de formación. La empresa Datisa ha organizado varios talleres para explicar los cambios, pero han sido en los últimos cuatro meses cuando ha constatado el verdadero interés por estas jornadas.

Las compañías que están más preparadas para empezar a aplicar la factura electrónica desde este jueves son aquellas que emiten muchas facturas o pocas pero de gran volumen y las que son proveedores de todas las administraciones a nivel estatal –eléctricas, telecos, multinacionales de agua o gas…–. Las que menos, aquellas que trabajan con el sector público de manera puntual y hoy mismo no necesitarán emitir sus facturas con el nuevo modelo.