El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha seguido el camino de otros líderes Latinoamericanos como Cristina Fernández de Kirchner (presidenta de Argentina) y Hugo Chavez (presidente de Venezuela). Ha aprobado un decreto supremo este sábado por el que se nacionalizan las distribuidoras de electricidad Electropaz de la Paz y ELFEO de Oruro, ambas filiales de la española Iberdrola. En el mismo decreto se incluye también la nacionalización de la Compañía Administradora de Empresas Boliviana y la Empresa de Servicios Edeser, también dependientes de la compañía presidida por José Ignacio Sánchez Galán.
En un acto celebrado en el Palacio de Gobierno de La Paz, el presidente ha asegurado que toma la medida para que las tarifas de servicio eléctrico sean “equitativas en los departamentos de La Paz y Oruro y la calidad de servicio eléctrico sea uniforme en el área rural y en el área urbana», según recoge la agencia de noticias oficial, ABI. Lo ha hecho acompañado por el vicepresidente Álvaro García Linera y el ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa
Tarifas
El mandatario boliviano afirma que en el área urbana de La Paz un usuario paga 0,63 bolivianos por kilowatio/hora (casi siete céntimos de euro) mientras que en el área rural se paga 1,59 bolivianos por kilowatio/hora (más de 17 céntimos). «Es más del doble», ha recalcado, una situación que quiere remediar con la expropiación.
El presidente también ha justificado la medida amparándose en los artículos 20 y 378 de la Constitución. En ellos, se establece que la facultad privativa del Estado en el desarrollo de la cadena productiva energética en las etapas de generación, transporte y distribución, a través de empresas públicas, mixtas, instituciones sin fines de lucro y que la cadena productiva no podrá estar sujeta exclusivamente a interés privados.
Iberdola, fuera de Bolivia
Electropaz y ELFEO pasarán a estar bajo control de la Empresa Nacional de Electricidad boliviana (ENDE), con lo que se pone fin a la presencia de Iberdrola en Bolivia. La propia ENDE abonará el precio de las acciones después de que una empresa independiente realice una tasación, para lo cual dispondrá de un plazo de 180 días, según afirma el decreto firmado por Morales.
En el documento, también se asegura la continuidad laboral de los trabajadores de base de las empresas eléctricas, aunque no la de los directivos y personal de confianza, ha explicado Morales.
