España y Andorra se coordinaron para intervenir un banco andorrano
El diputado del PP Francisco Martínez, ex secretaria de Estado de Interior, afirma que España y Andorra se coordinaron para la intervención de BPA
Los gobiernos de España y Andorra se coordinaron “antes y después” de que en marzo de 2015 se interviniera Banca Privada d’Andorra (BPA) y su filial española Banco Madrid. Así lo afirma Francisco Martínez Vázquez, actual diputado del PP que, en el momento de la intervención del banco andorrano, era secretario de Estado de Interior a las órdenes del entonces ministro Jorge Fernández.
En una entrevista que publicó este martes El Periòdic d’Andorra, Martínez Vázquez declaró que, a pesar de desconocer los detalles de la nacionalización de BPA, “en este caso, como en otros de gran complexidad, existió coordinación entre autoridades (de España y Andorra), también entre los supervisores, antes y después de la intervención”. Enmarcó esta coordinación en las relaciones bilaterales “excelentes” que mantienen los dos países.
Martínez Vázquez es el actual portavoz del grupo parlamentario del PP en la comisión constitucional del Congreso de los Diputados. Anteriormente, fue letrado de las Cortes españolas. Era secretario de Estado de Interior cuando en 2015 se produjo la intervención en España de Banco Madrid, entonces controlado por BPA (actual Vallbanc).
Las declaraciones del diputado del PP al diario andorrano son de calado. Afirmó que los gobiernos de Mariano Rajoy y Toni Martí se coordinaron, así como sus supervisores bancarios, en la intervención de BPA y Banco Madrid. Subrayó la coordinación de los dos ejecutivos en materia de Interior.
Los hermanos Higini y Ramon Cierco, que fueron los principales accionistas de la desaparecida BPA, denunciaron judicialmente la intervención y posterior venta de su banco al fondo norteamericano JC Flowers. Juzgados de Andorra, España y Estados Unidos siguen ramificaciones del caso.
Petición a la justicia norteamericana
Precisamente, la familia Cierco solicitó en noviembre pasado a los tribunales norteamericanos que aporten las pruebas que estén en manos de su administración en relación a JC Flowers y el proceso de compra del banco andorrano.
Los antiguos accionistas consideran que el vínculo estadounidense de JC Flowers permite preguntar a las autoridades de ese país por cualquier elemento que pueda aportarse como «prueba» en la causa penal abierta en Andorra.
Las autoridades nortamericanas se quejaron en el pasado de la mala praxis inspectora del gobierno andorrano. La desclasificación de los correos electrónicos enviados por el consejero económico de la embajada de los Estados Unidos en Madrid, Anton K. Smith, documentan la dejadez de Andorra respecto a sus bancos.
Smith advirtió en correos ahora desclasificados, a los que accedió Economía digital, que “las autoridades andorranas no prestaban atención con la fluidez que estábamos esperando (refiriéndose a BPA), por eso al final tomamos la iniciativa”.
En septiembre, la familia Cierco presentó en los juzgados andorranos una querella por un presunto fraude de más de 80 millones de euros.
La querella se dirigió contra los responsables de la nacionalización de BPA, de su reconversión en la actual Vall Banc y de su posterior venta al fondo JC Flowers. Entre los acusados se encuentran una veintena de directivos de dos organismos reguladores del gobierno andorrano, de Vall Banc y de JC Flowers. Les acusan de prevaricación, administración desleal de patrimonio público y blanqueo de capitales.
