España regula a 250.000 franquiciados con una ley del siglo XIX
Las estafas a franquiciados como los de Foster's, Lizarrán, DIA y Carrefour se multiplican. Los afectados piden una ley que evite engaños
Cuando Joaquín Barberá acudió a pedir información sobre la franquicia Foster’s Hollywood, estaba convencido de que emprendía un negocio fiable y seguro. Los números presentados por la franquicia eran espectaculares: prometía un rápido retorno y su marca no paraba de abrir tiendas en plena crisis.
Pero de la teoría a la práctica, había un abismo enorme. La empresa había recomendado abrir en una ubicación (Ávila) sin estudios de mercado previos. Sobreestimó las ventas y minusvaloró los gastos. El problema de fondo, o uno de ellos, era el vacío legal que abandona a los franquiciados, con una ley del siglo XIX que ningún Gobierno ha actualizado.
Foster’s Hollywood parecía interesada en que el franquiciado disparase los gastos. Recomendaba proveedores caros, freidoras y cocinas con precios muy por encima del mercado. Los afectados hoy sospechan que cobraban comisión de los proveedores por todo. Con lo cual, la empresa está interesada en que su franquiciado compre lo más caro posible, para obtener mayores comisiones, aunque ello liquide la rentabilidad del negocio.
Foster’s Hollywood engañaba a las franquicias
Tres sentencias han determinado que Foster’s Hollywood engañaba de forma deliberada a los franquiciados al presentar un negocio sin estudios de mercado serios y sustentados. Ahora, el Supremo acaba de ratificarlo, y la empresa va a rectificar.
La práctica no es exclusiva de la cadena de hamburgueserías. Las franquicias de restauración han recibido una ola de demandas durante los últimos meses por abusos contractuales. Los cierres por expectativas sobredimensionadas han afectado a las grandes franquicias de comida rápida como Foster’s Hollywood y Lizarrán, entre otras.
Pero también han llegado a las cadenas de supermercados como DIA, con centenares de franquiciados quebrados, o Carrefour Express, con decenas de demandas en los juzgados.
La guerra de los franquiciados en los tribunales
Los tribunales están comenzando a sentenciar contra las franquicias abusivas en distintas provincias. Un franquiciado de Carrefour Express que quebró con una tienda en Valencia en 2015 ha logró la nulidad de su contrato y la devolución de los avales aportados a la compañía, en una medida pionera.
Los juzgados de Madrid han declarado la nulidad del contrato con Carrefour Express por considerar que la multinacional francesa vendió la tienda con estimaciones de ventas infladas y que no estaban suficientemente justificadas.
Carrefour había estimado que la tienda Carrefour Express en Valencia obtendría unas ventas de 75.000 euros al mes pero la realidad es que la facturación alcanzó, en el mejor de los casos, los 37.000 euros. La empresa tampoco calculó de forma correcta los gastos en seguros que se cuadruplicaron. Ahora, la cadena está llegando a negociaciones extrajudiciales con los franquiciados afectados para evitar nuevas sentencias contrarias, según ha podido saber Economía Digital.
España tiene 250.000 franquiciados, que prácticamente no cuentan con ninguna protección legal para defenderse de los abusos de su casa matriz. La ola de afectados preocupa a los abogados especializados en esta materia, que aseguran que el franquiciado se encuentra completamente desprotegido en España, a diferencia de otros países como Estados Unidos, donde el sistema está ampliamente regulado.
Dos artículos en una ley del siglo XIX
“La franquicia no tiene regulación propia y sólo cuenta con dos artículos en la ley del comercio minorista que data del siglo XIX. Es alarmante que una actividad económica con tanto crecimiento no cuente con legislación propia y que las grandes franquiciadoras se vean capaces de cometer cualquier tipo de abusos y timos”, explica Salvador Peña, abogado especializado en conflictos con los grandes franquiciadores.
Supermercados Dia es otra de las empresas que enfrenta una ola de demandas en media España. Los franquiciados denuncian que la empresa los somete a la dictadura del “pedido automático”, lo que significa que, necesiten mercancía o no en sus tiendas, la franquicia envía los productos de forma automática sin tomar en consideración las necesidades de cada tienda. Además, les obliga a hacer ofertas agresivas aunque sean en perjuicio de los márgenes de cada franquiciado.
Una franquiciada de Lleida logró una victoria contundente en los tribunales. Una sentencia acreditó que DIA le vendía mercancía en mal estado, incluso caducada. Y la franquiciada estaba obligada a pagar y a asumir las pérdidas. La juez le dio la razón, pero no calculó la indemnización que DIA debía pagar por un claro motivo: se había quedado arruinada y no podía pagar una auditoría.
El caso se repite en todas las marcas conflictivas. Los franquiciados arruinados no cuentan con ningún recurso para demostrar su fraude. Tan sólo disponen de dos artículos generales en la ley de comercio minorista, redactada cuando nadie imaginaba en España ese modelo de negocio.
