EY cuestiona la contabilidad de los Rubiralta en Celsa

No existe año en el que Celsa no se lleve una reprimenda de su auditor por la forma en la que formula sus cuentas. El tirón de orejas de Ernst & Young (EY) se convirtió ya en habitual para la mayor compañía industrial de Cataluña, pero en 2019 llegó con especial virulencia. La firma estadounidense alerta en esta ocasión de inversiones irrecuperables, deducciones que no puede aplicar y de hinchar artificialmente sus activos.

Tras años de acumular deuda, refinanciaciones y ejercicios en números rojos, el conglomerado siderúrgico catalán presenta irregularidades en ocho de las diez filiales que mantiene vivas. A la espera de que la matriz (Barna Steel) presente las cuentas del ejercicio, EY no duda en señalar algunas “inversiones financieras” en empresas del grupo que “deberían deteriorarse íntegramente”. Así, considera irrecuperables los 54,2 millones de euros depositados en Aceros para la Construcción y los 248 millones puestos en Celsa Atlantic.

Además, en la propia Celsa Atlantic, la compañía debería recortar el valor de sus bienes en 144 millones de euros procedentes de la compra de la fábrica de productos largos de Laracha (La Coruña) por unos beneficios que esperaba anotarse y el auditor cree que no llegarán.

Para normalizar la situación, que se prolonga ya desde 2016, el grupo liderado por Francesc Rubiralta debería reducir su activo –mientras el pasivo se mantiene— para el agujero procedente de ejercicios anteriores y financiar los nuevos daños a costa de su resultado, ya sea reduciendo los beneficios o incrementando las pérdidas.

Consultado por Economía Digital, un portavoz de la empresa siempre aludió a criterios distintos para justificar su proceder. “No se ha considerado necesario deteriorar las inversiones, cuyo valor varía con el tiempo”, justificó en esta ocasión. La diferencia radica en la poca confianza que EY tiene en la recuperación de las cantidades invertidas frente al optimismo del grupo catalán.

Ernst & Young duda de que Celsa pueda aplicarse los descuentos fiscales que pretende

Un segundo punto de fricción son las denominadas bases imponibles procedentes de ejercicios anteriores. Es decir, deducciones de impuestos para ejercicios futuros a las que la legislación permite acogerse si se han tenido pérdidas. Si bien Celsa confía en poder aplicárselas, EY no lo tiene tan claro.

En su informe, el auditor alerta de “modificaciones legislativas” que obligarían a reducir de nuevo el activo de la compañía. Las razones: las inversiones financieras –destacadas anteriormente— no son deducibles, una nueva limitación en las compensaciones y un “criterio prudente” hasta el que el conglomerado no consiga de forma sostenida beneficios no se admite la contabilización de estas cifras.

De este modo, los analistas advierten de que deberían reducirse en 105,9 millones de euros los activos de la sociedad Compañía Española de Laminación, en 3,7 millones los de Ferimet, en 3,3 millones los de Aceros para la Construcción, en 46,2 millones los de Nervacero y en 69,6 millones los de Celsa Atlantic.

Para justificarse, la confianza vuelve a ser clave, según Celsa. “En un futuro se podrá reducir la carga fiscal, pero el auditor, por prudencia, observa que las modificaciones legislativas recientes podrían dilatar el aprovechamiento de dichos créditos fiscales”, responde el portavoz de la compañía. Es la contestación ante las dudas del auditor sobre la viabilidad sostenida del conglomerado.

Celsa no tiene la obligación legal de seguir las advertencias de EY; son solo recomendaciones

La tercera discrepancia versa sobre la amortización de sus activos. Según EY, la siderúrgica debería volver a reducir sus activos a costa de incrementar el patrimonio neto, una práctica de la compañía para reducir el pago de impuestos. En la suma de filiales, el activo debería recortarse en alrededor de 180 millones mientras que el patrimonio debería sumar 140 millones.

Aquí, desde la empresa responden que con esta amortización, Celsa “se ciñe a los criterios aceptados por la normativa fiscal española”. “Para ello, se ha optimizado la carga impositiva”, zanja.

La compañía no presentó las cuentas consolidadas ante el registro mercantil, por lo que es complicado poner una cifra exacta al agujero detallado por Ernst & Young. El volumen de los activos que deben eliminarse y las pérdidas que debe anotarse podrían ser mucho mayores al tenerse en cuenta la totalidad de las filiales de forma conjunta. Sin embargo, Economía Digital no ha podido tener acceso a estos datos.

Pero a pesar de las advertencias, la compañía de la familia Rubiralta no tiene ninguna obligación de seguir las recomendaciones de su auditor. Así, lo más lógico es que, mientras se mantenga dentro de la ley, siga con su criterio frente al de sus auditores.

La banca mira la deuda de Celsa

Banco Santander, BBVA, Caixabank, Banc Sabadell y Abanca firmaron en noviembre de 2017 la refinanciación de una deuda que alcanzaba los 2.673 millones de euros. El balón de oxígeno rebajaba los pagos a 1.425 millones de euros hasta 2022 y aparcaba los 1.248 millones restantes hasta el año 2023, cuando se deberán abonar íntegramente en una sola transacción.

Con la refinanciación, los Rubiralta no obtuvieron ninguna quita. El déficit sigue intacto a pesar de que los 1.248 millones a pagar en 2023 están catalogados como “deuda no sostenible” y probablemente deban volver a revisarse. De hecho, fuentes financieras consultadas por este medio admiten que la empresa está «endeudada por encima de sus posibilidades».

El pacto entre la banca y Celsa logró salvar todas las filiales del grupo. Acreedores como Banco Santander eran partidarios de vender partes de la empresa, pero la postura de BBVA y Caixabank se impuso pese a la abultada deuda. Las mismas voces añaden que muchas entidades se sumaron a la refinanciación porque «no había más remedio» ante las pérdidas que hubiera supuesto dejarla caer.

Si bien no constan impagos hasta la fecha y los objetivos impuestos por la banca hasta el momento se han cumplido, El Confidencial informó en junio que varias entidades se habían deshecho de su porcentaje del segundo tramo de deuda (el de 2023) al considerarlo «incobrable». El pasivo habría caído en manos de fondos oportunistas, aunque no reveló su identidad.