El sector hortofrutícula se rebela con la subida del SMI y anticipa destrucción de empleo

La Federación Española de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) ha advertido que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no solo tendrá un «impacto muy negativo sobre muchos cultivos», sino que además comportará una «fuerte destrucción del empleo» en el sector. En este sentido, ha recriminado al Gobierno que no haya tenido en cuenta la realidad de los sectores más afectados, como el hortofrutícola, en el que la mano de obra supone hasta el 45% de los costes de producción.

Ante la imposibilidad de trasladar este incremento a los precios de venta y la fuerte competencia de países competidores extracomunitarios con costes laborales por hora muy inferiores, los empresarios de la huerta auguran que la subida dañará la sostenibilidad social y económica de las explotaciones de este sector, tal y como han remarcado a través de un comunicado.

Advierte sobre una «fuerte» destrucción de empleo

Además, alerta de que el incremento de los costes salariales, unido al incremento del resto de costes de producción, hace que las empresas se enfrenten a una situación difícil de asumir para mantener su viabilidad económica, al no ser posible en muchos casos trasladarlos a los precios de venta.

Ante esta situación, Fepex considera que el sector productor exportador de frutas y hortalizas va a reducir sensiblemente la actividad productiva, dado que no existe margen para incorporar el incremento de costes derivados, entre otros, de los fertilizantes, los fitosanitarios, los envases y embalajes, el impuesto sobre el plástico, las semillas, la energía y el transporte, provocando una fuerte destrucción de empleo en los cultivos más intensivos en mano de obra.

Por último, la patronal asegura que ha manifestado una posición favorable a mejorar los salarios de los trabajadores de forma gradual, pero vinculada a una reducción de las cotizaciones por contingencias comunes de la Seguridad Social, como así trasladó la CEOE en su momento y acompasada por una mejora de la productividad, con el fin de que no provoque una reducción de empleo y una fuerte pérdida de competitividad internacional.

El SMI alcanzará los 1.080 euros

El nuevo SMI, que se aprobará el próximo 14 de febrero, será de 1.080 euros mensuales en 14 pagas y tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero. El anuncio, que hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó después de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se reuniese el pasado martes con los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, Unai Sordo, para sellar el acuerdo.

En su intervención, Sánchez puso el acento en la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido los salarios en España en la última década, que achacó a la falta de responsabilidad política y también del sector privado. El presidente defendió las subidas del SMI aprobadas desde la llegada del Gobierno de coalición frente a la «oposición cerril de los neoliberales».

La vicepresidenta Díaz, por su parte, aseguró estar «muy satisfecha» y «muy contenta» con la subida del salario mínimo no por el Gobierno, sino por los trabajadores, que son «quienes están sufriendo por la pérdida de poder adquisitivo». Se trata de un acuerdo «bipartito» que se ha alcanzado con los sindicatos «en el marco del diálogo social», un acuerdo «importantísimo», explicó.

Trabajo había convocado a patronal y sindicatos a una reunión para cerrar la negociación, y, más allá de la ausencia de CEOE, los equipos técnicos del Ministerio y los sindicatos dieron por finalizado el encuentro sin un acuerdo, al que finalmente se llegó cuando la vicepresidenta Díaz se reunió con los líderes sindicales.

CCOO y UGT reclamaban una subida del 10%, hasta 1.100 euros, mientras que Díaz ya había abogado por la banda alta del informe del comité de expertos, que planteó un alza para 2023 de entre el 4,6% y el 8,2%.

Por su parte, la CEOE optaba por un alza del 4% supeditado a establecer un régimen de deducciones aplicables al sector agrario y a modificar la normativa de revisión de precios en los contratos con el sector público para poder repercutir el incremento del SMI en los contratos en ejecución.