El TSJC reclama más transparencia en la privatización de ATLL

Primera victoria judicial de Aguas de Barcelona (Agbar) ante la conselleria de Territori i Sostenibilitat, dirigida por Lluís Recoder, por la privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL). Un contrato de 50 años que fue a parar a Acciona, su rival.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha emitido una interlocutoria en la que obliga a la Generalitat a poner a disposición de “forma inmediata” del expediente de privatización a la gestora de aguas de Barcelona. “La transparencia es un principio de comportamiento de las administraciones públicas”, recuerda el tribunal en el escrito, al que ha tenido acceso Economía Digital, que casi es una reprimenda al conseller en funciones.

Información no confidencial

La resolución del TSJC tiene su origen en el contencioso administrativo que interpuso Agbar para poder revisar toda la documentación de las ofertas. La conselleria de Recoder se negó en varias ocasiones a mostrar el informe del concurso, alegando que se trataba de documentación confidencial. “No hay duda de que el acceso a la información relevante es condición necesaria para argumentar el recurso especial con base de causa”, afirma el tribunal. Es decir, la demanda que la compañía catalana ha anunciado que interpondrá para impugnar el concurso.

Los magistrado también estiman que “la declaración de confidencialidad de determinados documentos no está justificada ni podría estarlo. Al menos a lo que se refiere a determinados documentos, como la oferta económica”. Este es la propuesta más polémica de la licitación, Agbar ya denunció en su día que la oferta de su rival era inviable económicamente.

Medidas cautelares

En la interlocutoria, el TSJC califica de “incomprensible” que esta documentación “haya sido denegada o que se haya limitado el acceso a una mera vista bajo vigilancia” por el “marco legal” del caso. Los letrados aseguran que el recurso de Agbar tiene que contribuir “al refuerzo sustancial de las garantías de transparencia” de las administraciones públicas, tal como exige la legislación europea.

El tribunal estima la solicitud de medidas cautelares que reclamaba la compañía de aguas presidida por Ángel Simón. Exige varias cosas a la conselleria de Recoder: el listado de todos los documentos que hay en el expediente del concurso de ATLL; la identificación clara de la información que es confidencial “con la consiguiente motivación de esta circunstancia”; y el traslado de los documentos que no tengan esta condición a Agbar, tanto de la “proposición” como de la “oferta” económica que presentó Acciona.

Antes de realizar todo esto, el departamento de Territori i Sostenibilitat tiene que permitir a los responsables de la empresa con sede en Barcelona ver el contenido de la oferta económica presentada por el consorcio liderado por Acciona.