El TSJC rechaza la mediación de un árbitro en la crisis de Bon Preu

El conflicto existente en la cúpula de Bon Preu deberá resolverse sin árbitros. Los hermanos Font, accionistas al 50% de la cadena de supermercados, viven enfrentados por el futuro de la compañía desde hace ya años. La guerra está ya judicializada y, mientras el caso se dirime ya en la Audiencia Provincial, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) rechaza la presencia de un nuevo actor: un árbitro que ponga fin a las diferencias entre Josep y Joan Font.

El pasado mes de febrero, Joan Font, presidente de la compañía, presentó una demanda contra su hermano Joan, vicepresidente, por la que pedía la incorporación de un árbitro que pusiera fin a las hostilidades. Sin embargo, la Sala Civil y Penal del TSJC niega la petición. “No ha lugar al nombramiento”, señala en un fallo dictado el pasado 8 de abril al que ha tenido acceso Economía Digital.

La sala recuerda que un árbitro ya intervino en una fase anterior del conflicto “y se pronunció sobre la manera en que debían resolverse las situaciones de bloqueo, por lo que un nuevo nombramiento con los mismos fines no es ahora posible”. Así, condena a Joan Font a hacerse cargo de las costas del procedimiento.

Será la Audiencia Provincial quien deberá poner fin al enfrentamiento, pues ambos bandos reconocieron la autoridad del juzgado de lo mercantil número 8, el primer tribunal que juzgó el caso. «No existe razón para entender ahora que la interpretación del mecanismo 35 de los estatutos –que regula el conflicto entre los accionistas– corresponda a un árbitro, sólo por introducirlo como punto del día en una junta extraordinaria que terminó sin acuerdo», zanja el fallo.

El hecho de mirar a los tribunales no evita que ambas partes hayan iniciado un deshielo. Como explicó este medio hace un mes​, los Font negocian de forma extrajudicial un pacto para fijar un precio que satisfaga a ambos sin necesidad de comparecer de nuevo ante el magistrado. Fuentes implicadas en las conversaciones explican a Economía Digital que los dos interlocutores principales son Joan Font, el presidente de la compañía, y Abel Font, hijo de Josep, al que sustituyó el pasado mes de enero “para tratar de restablecer la comunicación entre ambas partes”.

Todavía en fase embrionaria, el tira y afloja se produce ahora después de que los dos bandos constataran el coste fiscal de partir Bon Preu en dos partes, como pide Joan, supera los 70 millones de euros. El gasto calculado por los dos hermanos no coincide debido a que la valoración que cada uno realiza de la empresa es ostensiblemente diferente.

Así, las conversaciones versan sobre la búsqueda de un precio con el que Joan Font compre a Josep su 50% de la empresa. El acuerdo, eso sí, parece todavía lejano, pero la cantidad será inferior a los 497 millones que el vicepresidente pidió en el juicio celebrado el pasado mes de octubre.

Además, existen dudas sobre la viabilidad de la partición en dos partes que ha defendido Joan. La propuesta del mayor de los hermanos es la de dividir Bon Preu en tres lotes: dos serían equitativos y englobarían las tiendas y un tercero serían los servicios centrales, los directivos y las marcas, que pasarían a trabajar para dos empresas competidoras.

La guerra judicial en Bon Preu

El enfrentamiento de Joan y Josep Font saltó a los juzgados después de que el menor de ambos interpusiera una demanda contra el mayor con tal de ejercer el derecho de separación y vender su porcentaje. La magistrada Marta Cervera, del juzgado de lo mercantil número 8 de Barcelona, desestimó las peticiones y abrió la puerta al siguiente mecanismo previsto en los estatutos de la firma para la resolución de conflictos: la separación en dos, algo que el número dos quiere evitar a toda costa.

El conflicto en los tribunales parte de una diferente interpretación del artículo 35 de los estatutos de la compañía. Los supermercados catalanes tienen una cláusula para actuar en el caso de que los dos accionistas voten repetidamente en sentido contrario sobre asuntos claves. Si en 20 días no hay un acuerdo, se abre la posibilidad del derecho de separación. Uno de los socios podrá exigir al otro que compre su parte.

Para ello, ambos encargarán una valoración a un auditor independiente para estimar el precio, que saldrá de la media de las dos tasaciones siempre que no estén separadas por más de un 25%. De estar muy alejadas, podrán solicitar una segunda opinión a otra firma. El siguiente mecanismo es la partición.

«Al haber una diferencia superior al 25% en las valoraciones estamos ante la existencia de una irregularidad que invalida las valoraciones, que no pueden tomarse en cuenta», señaló la magistrada. Y zanjó: «Lo que está claro es que no puede hacerse una tercera o cuarta ronda de valoraciones, pues el espíritu de la cláusula es resolver el conflicto y no caer en una espiral absurda que lo perpetúa». «La lógica obliga a avanzar con el siguiente mecanismo», terminó.

La batalla, a falta de un acuerdo extrajudicial, se encuentra ahora en la Audiencia Provincial después de que Josep recurriera la decisión de la magistrada.