El Tribunal de Cuentas detecta inversiones descontroladas de Correos en edificios vacíos
La empresa pública tiene 71 inmuebles sin usar por los que paga alquiler y mantenimiento; en tres años gastó 76 millones en oficinas que ni siquiera inauguró
El Tribunal de Cuentas ha detectado inversiones inmobiliarias descontroladas de Correos. Según un informe del órgano fiscalizador, en tres años se destinaron 76 millones a la expansión de la red de oficinas que luego no se han usado. Además, la empresa mantiene 71 inmuebles alquilados que también están vacíos y generan el gasto de mantenimiento correspondiente. Al año, la partida destinada a ambos conceptos asciende a 340.000 euros adicionales (200.000 en arrendamientos y 140.000 más en tareas de sostén).
El informe del tribunal, fechado el 21 de agosto pasado, señala que el ejercicio 2008-2009 fue el más caótico. De hecho, remarca que la administración del patrimonio de la empresa pública está absolutamente abandonada. Se revelan grandes “deficiencias en la gestión, control y mantenimiento de los bienes materiales, que son especialmente relevantes en lo que respecta al patrimonio inmobiliario”. Esos años, Correos no actualizó el inventario de los espacios físicos y tampoco presentó un plan de gestión.
Activos sin dueño
La primera consecuencia es que el “grupo desconoce quién es el propietario de los activos, la utilidad, la superficie disponible, el valor de adquisición y las amortizaciones”. La situación se alcanzó después de la activación de la expansión de la red de oficinas sin criterios estrictos de crecimiento ni necesidades de mercado. En el trienio que se limita entre 2005 y 2008 se ejecutó la compra de oficinas con el coste de 76 millones que hubo que parar en seco debido a la caída del mercado postal. El frenazo en brusco del proyecto generó penalizaciones de 166.000 euros, según se desprende de las cuentas de 2009.
El órgano fiscalizador remata que “Correos no sabe dónde están los inmuebles y no ha realizado informe o estudio alguno sobre la eficiencia de su parque inmobiliario y su repercusión en los costes soportados por su mantenimiento”. El Tribunal de Cuentas, que es especialmente duro con los gestores de Correos, exige que se subsanen las irregularidades y se “alcance acuerdos (···) para regular la situación de los inmuebles puestos a su disposición y que por su tamaño, coste de mantenimiento, ubicación, no resulten eficientes para la gestión de la actividad” postal.
Repercusión en los municipios
La puesta al día del catálogo de oficinas de Correos permitiría a los ayuntamientos incrementar ligeramente los ingresos debido al impuesto de bienes inmuebles que ahora no cobran. Aunque el Tribunal de Cuentas sólo invita a “alcanzar acuerdos con las administraciones públicas afectadas” sin desarrollar más esta vertiente. La práctica de Correos es declarar sus oficinas como infraestructura necesaria para prestar el servicio postal universal, exento de tributación.
Algunos municipios han recurrido a los tribunales al detectar actividades propias de la mensajería postal en esas oficinas. Por ahora, la justicia ha fallado a favor de los consistorios.
