El taxi vive su vía crucis en los juzgados contra Uber y Cabify

Si la batalla judicial se trasladase a un combate a golpes, Uber y Cabify llevarían ventaja sobre el taxi. Las plataformas tecnológicas han salido victoriosas en los últimos enfrentamientos en los tribunales. El resultado: una lista de acusaciones no probadas por parte del taxi, que al menos ha podido forzar a parte de la administración a cambiar la normativa a su favor en diferentes puntos de España.

El resultado del último cara a cara se conoció este jueves. La Audiencia Nacional archivaba la querella presentada contra Uber y Cabify por, entre las muchas acusaciones, «estafa y blanqueo de capitales». El auto de la juez María Tardón era muy duro contra la Plataforma Integral del Taxi (PIT), impulsada por cerca de 2.000 taxistas, con Alberto (Tito) Álvarez y el juez inhabilitado Elpidio Silva, ahora enfrentados, como principales portavoces.

Al referirse a la acusación de estafa, Tardón explica que los querellantes ni siquiera se tomaron «la molestia de concretar, ni aún de forma aproximada, cuál sería el importe de la posible cuota defraudada, partiéndose de una base retórica y sin sustento alguno».

Cautelares paralizadas 

La del jueves no es la única resolución contraria al taxi y a Silva. La PIT sufrió otro revés judicial el pasado 28 de mayo. Esta vez llegaba desde el juzgado de lo mercantil número 3 de Madrid, que rechazó aplicar medidas cautelares en otra denuncia que también se presentó contra Uber, Cabify y algunas empresas de VTC que operan con ellas. 

El propio Elpidio Silva salió al paso de estas noticias y afirmó que no había sufrido ningún «revés jurídico», sino que ellos mismos «desistieron» de pedir cautelares para que se produjese el «cese provisional» de la actividad que las VTC venían realizando en diferentes ciudades del país, entre ellas Barcelona, Madrid y Sevilla.

No obstante, en aquel auto se volvía a rechazar firmemente los argumentos de la defensa del abogado estrella de los taxistas. Se entendía que no se cumplían los requisitos exigidos para la solicitud de medidas cautelares, por lo que procedió a «inadmitir la petición deducida» en la demanda presentada. 

Derrota contra My Taxi

En su ofensiva por tumbar a la competencia en los tribunales, el taxi no solo se ha enfrentado a las plataformas VTC, sino a otras compañías como My Taxi (ahora Free Now), la aplicación caracterizada por lanzar descuentos agresivos para captar clientes y que basa su sistema de trabajo en la precontratación (igual que Uber y Cabify) y no la mano alzada. 

Free Now ha sido respaldada por los jueces en España

A decir verdad, el taxi no sufría la primera derrota contra la plataforma, sino la segunda. La Audiencia Provincial de Barcelona concluyó nuevamente en mayo que la tecnológica apoyada por Daimler no ejercía competencia desleal contra el sector del taxi por sus descuentos de hasta el 50% sobre el precio del trayecto.

El tribunal de la capital catalana entendía que estas prácticas comerciales no representan una venta a pérdidas, porque la tarifa regulada por cada uno de los servicios es abonada al taxista. Se trata de una estrategia que, no obstante, sí ha sido sancionada en otros países, como Alemania, y supone una práctica insostenible porque cada año conlleva pérdidas millonarias para la filial española.

Un consuelo a medias: la normativa de Colau

Una de las derrotas más sonadas también llegó desde los tribunales catalanes. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB), por segundo año consecutivo, se inventaba una medida restrictiva contra Uber y Cabify en favor del taxi.

Esta vez no se trataba de imponer una licencia extra para prestar servicio en Barcelona y los municipios restantes de área metropolitana, como ocurrió en 2018, sino fijar una barrera de una hora de precontratación para los usuarios que quisieran utilizar estas plataformas tecnológicas.

Colau, en medio de la huelga que el taxi llevó a cabo en Cataluña, se comprometió a incrementar el decreto de la Generalitat que fijaba que esta barrera en solo 15 minutos y subirlo hasta a una hora. A cambio, los taxistas deberían terminar con las movilizaciones en la capital catalana. 

La alcaldesa de Barcelona, pese a ser advertida por los organismo de competencia de que su normativa, al igual que hizo el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) de la Generalitat, perjudicaba al interés general, siguió adelante porque se había comprometido con los taxistas.

Pero los tribunales, al igual que sucedió un año antes, volvieron a fallar contra Colau. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), pese a salvar alguno de los puntos del reglamento, suspendió cautelarmente el artículo más importante: la barrera temporal.

La resolución del alto tribunal catalán también dejaba suspendido el registro electrónico del AMB, a través del cual las empresas VTC tenían que comunicar los servicios que tienen previsto prestar acreditando su contratación previa.

España, dividida por la regulación

Al igual que sucedió en Cataluña, donde la Generalitat aprovechó el ‘decreto Ábalos’ para implementar una precontratación de 15 minutos, diferentes administraciones regionales regularon a la VTC frente al taxi, con el objetivo de que ambos sectores convivan.

Así, Valencia, Euskadi y Aragón, ciudades en las que el negocio de Uber y Cabify no es vital, han articulado normativas propias muy similares a las de la administración catalana. Por contra, Madrid y Andalucía, donde las plataformas tecnológicas sí están desplegadas, viven en un oasis regulatorio, donde cada vez tienen más presencia.

Lo cierto es que la barrera de los 15 minutos de precontratación ha hecho mella en Uber y Cabify. La plataforma californiana ha abandonado tanto Valencia como Barcelona tras anunciarse los cambios, si bien la española ha anunciado un giro en su modelo de negocio para adaptarse a la nueva regulación, aunque tal y como contó este medio,​ le ha perjudicado económicamente.