El Supremo deja en manos de la UE las indemnizaciones por Bankia
Quiere que valore si los inversores cualificados que compraron tÃtulos en el debut tienen derecho a reclamar y si se deben valorar sus conocimientos
El Tribunal Supremo ha planteado este miércoles a la justicia europea varias cuestiones sobre la posible responsabilidad de Bankia en la compra de acciones de su salida a Bolsa por parte de inversores institucionales, que quedan al margen de protección legal hasta la fecha. El pleno de la Sala de lo Civil del alto tribunal formula a este respecto varias preguntas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que deberá dilucidar si este tipo de inversores puede pedir que la entidad responda por los datos contenidos en el folleto informativo, inicialmente dirigido a un tramo minorista que, de hecho, es el que actualmente se ha beneficiado por los reembolsos económicos por la salida a bolsa del banco que controla al 60% el Estado.
En el caso de que los institucionales sí puedan invocar la acción de responsabilidad, los magistrados del Supremo requieren a sus homólogos de Luxemburgo para que aclaren si es posible someter al inversor a una evaluación a fin de esclarecer su grado de conocimiento acerca de la situación económica de la entidad emisora más allá del folleto.
Esto es, analizar las relaciones jurídicas o mercantiles (si forma parte de su accionariado, de sus órganos de administración…) con el objetivo de saber si disponía de otras vías de información complementaria sobre su dinero.
El Supremo busca antecedentes
Para los magistrados existe una «necesidad» de formular esta cuestión prejudicial en tanto que ni la directiva comunitaria ni la legislación española «regulan expresamente si en aquellos casos en que se realiza una operación pública de suscripción mixta, los inversores cualificados pueden ejercitar» esta acción judicial.
Hasta la fecha, juzgados y Audiencias Provinciales han venido desestimando las demandas de las empresas que acudieron al salto al parqué de Bankia en julio de 2011 al considerar que, a diferencia de los minoristas, contaban con un conocimiento que les permitía interpretar la realidad de la entidad.
El pleito al que afectarán las futuras respuestas del TJUE lo protagonizan el banco y la mutua de seguros UMAS, compañía que pide el reintegro de su inversión de 600.000 euros y cuya reclamación podría abrir la puerta a que el resto de cualificados, como Meliá y el grupo Villar Mir, sean resarcidos.
Dependiendo del fallo de Europa otros inversores podrían plantear reclamaciones.
