El sector rebelde de la Feria de Abril arrebata el evento a García Prieto

Los detractores del empresario Francisco García Prieto, que ha organizado durante 27 años la Feria de Abril de Catalunya, un negocio privado que ha crecido gracias a las ayudas y las subvenciones públicas, están a punto de entrar en la organización de una de las fiestas más multitudinarias de Barcelona.

El ala rebelde de la Federación de Entidades Andaluzas de Catalunya, Fecac, que asegura que la Feria de Abril de Barcelona sólo ha beneficiado a Francisco García Prieto, aspira tener el poder de decisión en la organización del evento. Los críticos negocian que negocian los detalles de la festividad con la empresa pública Barcelona Serveis Municipals (BSM).

Según el sector crítico, que obligó al empresario a dejar la presidencia el año pasado, las entidades que participan no se han beneficiado de la explotación económica del evento.

Negociaciones

“Queremos tener poder de decisión este año en la Feria. El contrato para organizar la Feria de Abril está firmada por la Fundación (controlada por el ala rebelde) y no por la Fecac (presidida por afines a García Prieto). Intentaremos llegar a un acuerdo con la Fecac y el ayuntamiento para organizar entre todos una nueva feria de forma amistosa”, explicó Joaquín Moreno, portavoz del sector crítico de García Prieto.

El empresario renunció a la presidencia de la Fecac, presionado por los opositores, pero sigue controlando la Fecac a través de allegados y defensores de su gestión. “Queremos que las entidades puedan comprar a precios más baratos para que obtengan mayores beneficios y más consumo. Si se puede ganar dinero, se lo tienen que llevar las entidades”, explica Moreno.

La polémica tarjeta de crédito

Los opositores de García Prieto aseguran que la Feria de Abril se convirtió en el negocio privado del empresario y que no benefició económicamente a las entidades, que es el propósito prioritario de la celebración.

Sus excolaboradores presentaron ante la Fiscalía documentos que supuestamente pudieran acreditar administración desleal, falsedad documental y apropiación indebida. Entre los documentos presentados se encuentran los registros de una tarjeta de crédito de la entidad que García Prieto utilizaba para pagar sus gastos personales. La Fiscalía ya iniciado las rondas de declaraciones y ha solicitado al Ayuntamiento y a la Diputación de Barcelona que detallen las subvenciones recibidas desde 2008.